“Vemos a tres expresidentes del país implicados (en el caso Lava Jato), dos de los cuales han sido detenido, pero paradójicamente, no vemos a preso a ningún empresario”, esta fue una de las frases que dio el presidente de la República, Pedro Castillo, durante su primer mensaje a la Nación el 28 de julio de 2021.
Ahora, a 10 días de cumplir un año en el cargo, la autoridad más importante del país tiene cinco investigaciones en la Fiscalía (ver infografía).
Paradójicamente, en sus casos están involucrados empresarios que hoy colaboran con la justicia para ofrecer detalles del accionar delictivo de Castillo Terrones.
El mandatario que prometió hace un año luchar contra el cáncer de la corrupción, está envuelto en acusaciones que alcanzan a su entorno y otras autoridades que designó desde que asumió.
CASOS
Cabe precisar que el mandatario tiene dos investigaciones por presuntos delitos que habría cometido antes de su asumir el cargo, estos son por la presentación de información falsa en su hoja de vida cuando era candidato y el plagio de su tesis de maestría.
Por otro lado, las investigaciones que la Fiscalía inició en su contra cuando ya era autoridad se resumen en tres.
El caso Petroperú que tiene que ver con una licitación de $74 millones que ganó la empresa que asesoraba la lobbista Karelim López.
El segundo caso tiene que ver con las presiones que habría ejercido el presidente Castillo en exaltos mandos de las Fuerzas Armadas a fin de favorecer a militares en el proceso de ascensos.
Finalmente, está el denominado caso Puente Tarata III que podría considerarse uno de los que más complica la situación de Castillo, esto debido a que la Fiscalía le sindica de haber encabezado una organización criminal que operaba en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.
ANÁLISIS
Para el penalista Andy Carrión, los denominados casos Puente Tarata III y Fuerzas Armadas, podrían ser considerados las investigaciones más severas contra el mandatario, pues incluyen delitos vinculados a la corrupción de funcionarios.
“Son casos más peligrosos, porque implican penas más altas. Las investigaciones son más sensibles”, afirmó.
En diálogo con Correo, el letrado consideró que el caso Puente Tarata III es el que tendría más posibilidades de terminar en una condena para el presidente cuando este deje el cargo. Esto debido a los elementos revelados hasta el momento, la participación de los colaboradores eficaces y las pruebas que pueda presentar el empresario Zamir Villaverde.
En la misma línea, Carrión explicó que, si bien el caso incluye delitos como colusión, tráfico de influencias y organización criminal, “la sumatoria no puede exceder de los 25 años”.
En tanto, por el caso Fuerzas Armadas podría recibir una pena de hasta 12 años.
Precisamente sobre este caso, hoy está citada a declarar la empresaria Karelim López, mientras que mañana debe hacerlo Villaverde.
Por otro lado, Bruno Pacheco, exsecretario de Palacio y hoy prófugo de la justicia, está citado a rendir su declaración el 3 de agosto y seis oficiales del Ejército del Perú, mientras que un día después debe hacerlo el mandatario.