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Un grupo de funcionarios del Servicio Parlamentario del Congreso y del entorno de la presidenta del Congreso, Mirtha Vásquez, logró cobrar -por el mes de julio- el cuestionado aumento que aprobó la izquierdista sin consultar con la Mesa Directiva ni el Consejo Directivo del Parlamento.
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Entre los beneficiados de esta decisión figuran la jefa de Recursos Humanos del Congreso, Marisol Rebata Guerra, así como el oficial mayor del Congreso, Yon Pérez, a quien le aumentaron el sueldo a 15 mil 600 soles.
De acuerdo con Franklyn Falla, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Legislativo (Sitrapol), Mirtha Vásquez debió usar la figura legal de “anular las resoluciones” que favorecen con aumentos de sueldos a su entorno y no el término “dejar sin efecto”.
“Al usar esa figura legal (dejar sin efecto) ha permitido que ellos cobren en el mes de julio los aumentos que se aprobaron, el cual no los pueden devolver”, explicó a Correo.
Asimismo, Falla denunció que la gestión de Mirtha Vásquez ha decidido abrir un proceso administrativo a los varios dirigentes de su gremio a fin de que los “silencien y no reclamen sus derechos o irregularidades en el Congreso”.
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Por su parte, el especialista en temas legislativo, César Aliaga, sostuvo que, conforme al artículo 30 del Reglamento del Congreso y a la Ley 30647, la recategorización salarial del personal parlamentario es competencia del Consejo Directivo.
“En consecuencia, si lo aprueba otro órgano distinto, es un acto nulo. Por tanto, la Presidencia del Congreso comete un error al solo dejar sin efecto los aumentos que otorgó unilateralmente, porque lo correcto es que declare la nulidad y disponga la inmediata devolución de lo cobrado indebidamente durante el mes de julio; pues de lo contrario se afectarían los recursos del erario público y se configuraría responsabilidad legal”, señaló el especialista a este medio.
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