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El exprocurador anticorrupción Luis Vargas Valdivia señaló que es difícil que el expresidente Alejandro Toledo cambie su condición de prisión preventiva a domiciliaria y que probablemente se quede en el penal Barbadillo, ubicado en el distrito de Ate, donde también se encuentran los expresidentes Alberto Fujimori y Pedro Castillo.
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“Es un tanto complicado, porque al expresidente Toledo se le dictó antes prisión preventiva y no es que se haya presentado voluntariamente, ha tenido que ser extraditado con todo el procedimiento y todo el costo para el Estado peruano”, señaló el abogado.
Asimismo, el exprocurador dijo que siempre se ha mostrado renuente a acudir al Perú hasta en sus últimos días en Estados Unidos, ya que ha presentado medidas dilatorias para no ser extraditado.
“Es difícil que varíen la orden de prisión preventiva por comparecencia restringida (...) frente a ello se tiene que evaluar el peligro de fuga, que no podemos hablar de eso porque ya fugó y por eso se ha activado un procedimiento de cooperación internacional”, acotó.
En otro momento, Vargas explicó que el caso de Toledo se encuentra en la etapa de acusación fiscal pero aún en la etapa intermedia.
“El fiscal cuenta con más de una sospecha, ha recabado los medios de investigación que dan sustento a la acusación que se ha formulado contra el expresidente y otras personas. Sobre el expresidente se está pidiendo 20 años y 6 meses de pena. En la acusación se presenta al juez los medios probatorios, luego se actúa en el juicio oral para acreditar la responsabilidad, eso sucederá más adelante, porque estamos en la etapa de control”, detalló.
Respecto al tiempo en la que deberá concluir esta etapa, Vargas dijo que sería de cuatro o cinco meses a más tardar, ya que el caso tiene nueve acusados y recién Toledo se ha puesto a disposición de la justicia.
Cabe destacar que Toledo cumplirá 18 meses de prisión preventiva que se le impuso por la investigación que se le sigue por la presunta comisión de los delitos de lavado de activos y colusión por el soborno de más de 30 millones de dólares que habría recibido de Odebrecht a cambio de la concesión de los tramos 2 y 3 de la carretera Interoceánica Sur.
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