El Congreso aprobó, el pasado jueves 4 de julio, en segunda votación, el proyecto de Ley N° 6951, que prescribe delitos de lesa humanidad. Al respecto, el exprocurador anticorrupción, Iván Montoya, en entrevista a Canal N, se refirió respecto a las consecuencias de la aprobación de este proyecto y de la ley que modifica la definición de crimen organizado.
“Sí, afecta. Algunos a los cuales esta ley ha estado destinada. Efectivamente, hay algunos a los cuales puede aplicarse, el caso de Pativilca, por ejemplo; es un caso en el que está involucrado el expresidente Alberto Fujimori. Esterilizaciones forzadas, es un caso en el que en algún momento podría invocarse esta ley, donde está el congresista Alejandro Aguinaga, involucrado. Creo que también podría citarse el caso del Frontón, que involucra a algunos casos de las Fuerzas Armadas, concretamente creo de la Marina. Sacando los cálculos, porque la norma, no es explícitamente sobre la prescripción, es una norma que al quitarle la calificación de crimen de lesa humanidad a hechos ocurridos antes de julio del 2002, se activan todos los casos de prescripción que estuvieron en su momento vigente”, expresó.
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El abogado explicó que de muchos de estos casos vencieron los plazos de prescripción, por lo que si el proceso está en giro se solicitará el archivamiento y si el proceso se culminó se va a solicitar la nulidad.
Al ser consultado sobre si existe una similitud entre esta norma y la Comisión Ad Hoc de Indultos, conocida informalmente como Comisión Lanssiers, que fue una comisión creada en 1996, durante el gobierno de Alberto Fujimori, con la finalidad de evaluar y proponer indultos de personas que fueron, de forma injusta; Montoya explicó que no es trasladable a este caso.
“En estos casos ha habido procesos de agentes de las Fuerzas Armadas responsables de crímenes de homicidio, lesiones, secuestros, llamadas ahora desapariciones forzadas. Esta ley, entiendo que quiere beneficiar a agentes estatales que cometieron crímenes atroces, sobre los cuales la comisión Lanssiers no tenía esa finalidad, ahí era ver gentes inocentes en prisión y por razones de emergencia se usó un conducto de indulto, pero eran efectivamente inocentes. Los agentes terroristas que habían cometido actos de terrorismo, están condenados, han sido condenados a penas larguísimas”, expresó.
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Para que la ley sea aplicada, el Ejecutivo debe darle el visto bueno y promulgarla. Pero, para el abogado existe incertidumbre de lo que pueda ocurrir. “Yo quisiera pensar lo contrario, pero creería que el Ejecutivo la va a promulgar (...) a pesar de que la Corte Interamericana ha tenido un pronunciamiento, en seguimiento a la resolución de los casos Barrios Altos y Cantuta, y ha dicho a todos los órganos del Estado, que eviten que esta ley rinda efecto, mensaje directo al Ejecutivo es: No lo promulgues, devuélvelo al Congreso”, dijo.
Respecto a la ley que reformó el crimen organizado, explicó que habrá consecuencias, al hacer más compleja la definición de una organización criminal o exigir la presencia del abogado defensor en el allanamiento. “Es impensable, porque el allanamiento tiene una finalidad distinta, de sorprender y poder recaudar los elementos de prueba y que no se pierdan, estamos condenados al fracaso”, dijo.
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