De acuerdo a lo declarado por el ministro del Interior, Vicente Romero, los casos de extorsión en el país se incrementaron en un 50 %.
La ola de inseguridad a nivel nacional suscita nuevos y agudos cuestionamientos hacia el Gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que recibió facultades del Congreso, por noventa días, para legislar en esta materia.
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A casi la mitad del plazo, este Diario advirtió que solo tres de los once dispositivos legales, publicados en El Peruano, abordan débilmente la lucha contra el crimen.
En diálogo con Correo, el fiscal (coordinador de las Fiscalías Especializadas contra la criminalidad organizada) sostuvo que no se evidencia un plan integral para contrarrestar esta problemática.
El presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, cuestionó la gestión de la presidenta Dina Boluarte. Afirmó que “no se conoce ningún plan” contra la inseguridad ciudadana, ¿coincide con esta apreciación?
Creo que la Policía está haciendo sus máximos esfuerzos para enfrentar la delincuencia y la inseguridad ciudadana en el país. En lucha contra el crimen organizado, materia que dirijo al interior del Ministerio Público, estamos trabajando conjuntamente con la Policía Nacional para desarticular diversas organizaciones criminales.
¿Respalda el estado de emergencia dispuesto en determinados distritos?
Esta es una medida de emergencia, tal como lo indica su nombre. No puede ser permanente. Espero que arroje resultados. Debemos decir, desde nuestra posición, que la labor fiscal que hacemos se realiza independientemente de si hay o no estado de emergencia y a nivel nacional.
El Ejecutivo recibió facultades para legislar en este tema, sin embargo, no parece realizar un trabajo eficaz...
El Ejecutivo tiene la oportunidad histórica de establecer una estrategia, un plan contra la criminalidad. Ahora que el Poder Legislativo le ha entregado las facultades para hacerlo, por un plazo de noventa días, deben ejecutar una política seria. No se puede perder esa oportunidad, fundamentalmente, frente al grado de criminalidad al que está llegando el país.
Tiene que existir un programa que abarque cuatro ejes: prevención, protección, interdicción y rehabilitación. Pero eso es un todo, un paquete completo. No se puede ir sacando una norma por aquí y otra por allá, porque lo único que se logra es parchar huecos y eso nos demuestra que no hay política (alguna).
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De los tres únicos dispositivos legales vinculados a este tema, uno aborda el aumento de penas en el robo de celulares, ¿son eficaces medidas de este tipo?
En temas de política contra la criminalidad, pienso que no se puede utilizar al Derecho Penal para enfrentar este tipo de situaciones. Si vamos a tener como política nacional contra la delincuencia solo el aumento de las penas o la eliminación de beneficios penitenciarios, eso lo único que nos demuestra es que (en el Gobierno) no conocen el tema. No se puede pretender acabar con la delincuencia solo con estos factores. Eso no ha resultado en ninguna parte del mundo.
Una de las opciones consideradas por el titular del Poder Judicial fue el eventual apoyo de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional ¿respalda una medida como esta?
Sacar a las Fuerzas Armadas a hacer un trabajo para el que no están preparados puede ser perjudicial. Creo que se debe hacer un análisis estratégico (previo) para establecer su presencia en las calles. No es cuestión de sacar los tanques y soldados a recorrer las vías públicas. Esto tiene que estar dentro de una estrategia global en la lucha contra la criminalidad.
¿Qué debería contemplar o abordar un plan institucional en la lucha contra el crimen?
El programa a implementarse debe ser una estrategia global, una que vea principalmente los temas de protección y prevención. Se debe trabajar en estos aspectos. La prevención es de todos, tanto del Estado como de los demás entes públicos y de la comunidad privada; los medios de comunicación, las universidades, entre otros. Estos deben jugar un papel importante. Debemos ilustrar a la colectividad.Luego viene la protección, es decir, la presencia policial en las calles.
La ciudadanía tiene que sentir la presencia de sus comisarías y trabajar conjuntamente con ellos. Las rondas policiales que ya no se ven, etc. La población tiene que sentir la presencia de la Policía Nacional en las calles. Finalmente, llega la investigación y la interdicción. Cuando ya se capturan a los delincuentes, se les identifica y entra a tallar el trabajo investigativo donde hay otro protagonista, el Ministerio Público, y conjuntamente con los jueces al momento de instalar medidas coercitivas.
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¿Observa una agenda o un programa establecido para abordar la criminalidad de parte del Gobierno?
No he percibido una política (contra el crimen). Hay que esperar los noventa días, brindados por el Congreso, para que nos digan (desde el Ejecutivo) “este es el plan”. Que nos digan “esta es la estrategia. Esta es la política criminal”. Pero allí tiene que estar todo, no ir soltando gota a gota las normas. Así no funciona. Tiene que haber un plan integrado.
El Ejecutivo tiene la gran oportunidad histórica para establecer una estrategia global contra la delincuencia en el país. Eso no significa solo aumentar penas o eliminar beneficios penitenciarios, eso no es ninguna política.
¿Cuál es su evaluación sobre las labores de inteligencia en la Policía Nacional?
Siempre lo he dicho: si vamos a tener un equipo de inteligencia debemos dotarle de la tecnología de punta y con la logística necesaria para que puedan trabajar.Yo trabajo día a día con ellos. Todos los días tengo reuniones con la Policía, con el sector de inteligencia, y el comentario es el de siempre: ‘No tenemos dinero’. Nos falta mucho.
El presupuesto asignado a cada institución para abordar este problema también juega un papel importante...
Sí, de nada sirve que dicten normas, establecer planes o estrategias, si no hay presupuesto. Debe haber un presupuesto real para la Policía Nacional, otro para el equipo de inteligencia de esta institución y lo mismo para el Ministerio Público y el Poder Judicial. Estas entidades son los pilares en la lucha contra el crimen.Tenemos jueces que tienen abarrotados sus juzgados y no se dan abasto. Ya colapsaron los juzgados porque no han nombrado más magistrados. Este es un problema (subsanable), pero se requiere presupuesto.
También necesitamos más fiscales y tecnología en la Policía y en el Ministerio Público. De nada sirve tener toda una estrategia si no esta presupuestada como es necesario.
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El titular del Poder Judicial también instó a los magistrados a ser “más severos” en sus fallos, ¿cómo evalúa el desempeño en casos contra el crimen organizado?
Creo que no hay que generalizar. Hay jueces que están comprometidos y dictan, dentro de ciertos parámetros, las medidas coercitivas de acuerdo a lo que dicta la ley.
Del otro lado, hay otros jueces que son más permisivos. Entonces, hay que establecer criterios a través de la Corte Suprema para que los jueces puedan actuar en forma predecible. Pero, en general, creo que hay magistrados que están haciendo su trabajo. Por uno o dos no podemos colocar a todos en el mismo saco.
Hay casos concretos donde se podría investigar por qué, con toda la providencia, el juez ha soltado a estas personas. Ese es un trabajo de la Oficina Desconcentrada de Control de la Magistratura (ODECMA) del Poder Judicial.
Arévalo también indicó que debe revisarse la legislación, pues el Código Penal (1991) regula una criminalidad “con elementos que antes no se veían”
Definitivamente. Coincido con el presidente del Poder Judicial en que debemos hacer ya un análisis para modernizar nuestro Código Penal en todos los aspectos. Si bien hay modificatorias todos los meses, o años, es necesario esa evaluación.Esto es fundamental y ya no hay más tiempo para esperar.
¿Cuáles son algunas de las medidas adoptadas por la Fiscalía en la lucha contra la delincuencia?
Nosotros tenemos una estrategia propia dirigida desde el Ministerio Público, por supuesto. Tenemos un programa para que las 24 horas del día, los siete días de la semana, se cuente con representantes del Ministerio Público. Eso se realiza en aras de que tengamos a los fiscales en el momento preciso, en el lugar adecuado, para trabajar conjuntamente con la Policía Nacional, ya sea en la lucha contra el crimen organizado o contra la delincuencia común.
Las investigaciones preliminares en temas de crimen organizado, además, se hacen conjuntamente con la Policía Nacional. No se puede pretender desarticular una red delincuencial sin que el fiscal no trabaje de la mano con los agentes policiales.
