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Fiscalía advierte riesgo en sede del Ministerio de Vivienda: edificio no cuenta con certificado de Defensa Civil

El Ministerio Público abrió una investigación por cuatro presuntos delitos y solicitó a la Municipalidad de San Isidro evaluar si corresponde declarar inhabitable el inmueble y ordenar su desalojo.
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El Ministerio Público abrió una investigación por cuatro presuntos delitos y solicitó a la Municipalidad de San Isidro evaluar si corresponde declarar inhabitable el inmueble y ordenar su desalojo. (Composición: Diario Correo)

Redacción Diario Correo

Actualizado el 14/07/2026, 01:49 p.m.
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La Fiscalía de Prevención del Delito confirmó este martes su preocupación por las condiciones estructurales de la sede central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), luego de la inspección realizada tras la difusión de un reportaje periodístico que alertó sobre posibles deficiencias en el edificio ubicado en San Isidro.

El fiscal provincial de la Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito de Lima Centro, Óscar Díaz Alegre, afirmó que el objetivo de la intervención es evitar una tragedia que ponga en riesgo la vida de los trabajadores y ciudadanos que acuden diariamente al inmueble.

“La preocupación de este despacho es que lo advertido en los medios de comunicación respecto a que el edificio podría significar un riesgo fuerte en su desplome, afectando a cerca de 700 personas. Nosotros tratamos de evitarlo. Ni una vida puede perecer”, declaró.

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Edificio no cuenta con certificado de Defensa Civil

Uno de los principales hallazgos de la diligencia fue que el edificio no cuenta con el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE), documento que acredita que una infraestructura cumple con las condiciones de seguridad exigidas por la normativa vigente.

Según explicó Díaz Alegre, existe un procedimiento administrativo en curso debido a que el inmueble presenta observaciones que aún no han sido subsanadas.

“Hay un procedimiento administrativo porque no cuentan con el certificado de Defensa Civil. Justamente no lo tienen debido a que existe un riesgo que debe ser corregido”, indicó.

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Fiscalía abrió investigación por cuatro presuntos delitos

El Ministerio Público informó que ya abrió una carpeta fiscal para determinar eventuales responsabilidades penales.

La investigación comprende los presuntos delitos de:

  • Homicidio culposo.
  • Lesiones culposas.
  • Estragos especiales en modalidad culposa.
  • Omisión, retardo o incumplimiento de actos funcionales.

El fiscal precisó que, de encontrarse indicios de responsabilidad, el caso será derivado a una fiscalía penal para las investigaciones correspondientes contra los funcionarios involucrados.

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Ministerio proyecta reforzamiento del edificio

Durante la diligencia, funcionarios del Ministerio de Vivienda informaron que ya otorgaron la buena pro para contratar la consultoría que elaborará el expediente técnico destinado al reforzamiento estructural del inmueble.

No obstante, Díaz Alegre cuestionó los plazos previstos para ejecutar el proyecto.

“Nos han informado que la consultoría demorará aproximadamente un año y recién después comenzarían las obras. Considero que es demasiado tiempo frente al riesgo existente”, sostuvo.

Reducirán el número de trabajadores en la sede

Como medida preventiva, el Ministerio de Vivienda anunció que ampliará la modalidad de teletrabajo y trasladará la Mesa de Partes a un inmueble contiguo para disminuir la cantidad de personas que permanecen diariamente en el edificio.

Sin embargo, la Fiscalía consideró que estas acciones deben complementarse con una evaluación técnica especializada que determine el nivel real de riesgo.

Municipalidad de San Isidro evaluará si corresponde el desalojo

El representante del Ministerio Público informó que la Municipalidad de San Isidro deberá realizar una inspección mediante especialistas en ingeniería para establecer si el edificio puede seguir siendo ocupado o si corresponde declararlo inhabitable.

“He solicitado que los ingenieros de la municipalidad acudan de inmediato para establecer si existe un riesgo inminente. Si así lo determinan, deberá procederse al desalojo completo del edificio”, afirmó.

Mientras se emite el pronunciamiento técnico, la Fiscalía continuará supervisando el cumplimiento de las medidas preventivas anunciadas por el Ministerio de Vivienda con el objetivo de proteger la integridad de los aproximadamente 700 trabajadores que laboran en la sede institucional.

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