La situación legal de , exalcalde de se complica más. Y es que el Quinto Despacho de la Primera Fiscalía Especializada en Corrupción de Funcionarios, a cargo del fiscal Néstor Rivera Navarro, lo viene investigando por el caso del no pago correspondientes a beneficios laborales en perjuicio de 180 trabajadores municipales, que generó una deuda de 32 millones de soles en dicha comuna.

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Según indicó el actual burgomaestre de Magdalena, Carlomagno Chacón, Allison ha presentado escritos pidiendo que se abra procesos disciplinarios contra los trabajadores que viene reclamando el descuento de seguros, retenciones, aportaciones y fondos de pensiones que la gestión del exalcalde.

“Esto implicaría un evidente acto de amedrentamiento en contra de trabajadores honrados y humildes que lo único que han hecho es reclamar algo justo. No vamos a permitir que quien habría decidido destinar los recursos de sus pensiones para otros fines actúe con impunidad. Ellos no están solos, estamos de su lado”, sostuvo el alcalde.

Por su parte, desde la Procuraduría del municipio de Magdalena han alertado que existen “plazos de prescripción”, que ponen en riesgo que los hechos sigan siendo investigados, debido a que en diciembre se cumple el plazo legal para formalizar la denuncia respectiva. Asimismo, indicaron que el exalcalde buscaría acogerse a la figura del “principio de confianza”, alegando que en el municipio tenía un cargo político y serían sus exfuncionarios, también investigados, los responsables de las decisiones y acciones administrativas.

“La Procuraduría Pública Municipal de ha respondido de inmediato con un escrito, sustentando la impertinencia de este alegato dentro de este proceso de investigación. Un reciente peritaje técnico elaborado por la Oficina de Peritajes del Ministerio Público, como es público, demostró que la gestión de Allison sí contaba con recursos económicos para abonar AFP, y Seguro Social de los trabajadores de la comuna”, indicaron a través de una nota.

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Asimismo, explicaron que Allison ha sido denunciado por el delito de omisión de funciones y retardo injustificado de pagos.

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