Fiscalía pide doce años de prisión para  electo Edgar Alarcón

Edgar Alarcón Tejada, electo congresista por el partido Unión por el Perú (UPP) y excontralor de la República, no solo deberá concentrarse en sus labores parlamentarias, a partir de marzo próximo, sino también por el curso de sus seis procesos en el Ministerio Público por presuntos actos de corrupción.

De estos procesos, a los que accedió Correo a través de documentos, uno de ellos ha avanzado hasta la culminación de la investigación preparatoria por los presuntos delitos de peculado doloso, como autor, y colusión agravada, como instigador.

Por este caso, la fiscal anticorrupción Zoila Sueno Chirinos pidió al Poder Judicial una pena de 12 años de prisión para Alarcón por colusión agravada y peculado doloso. También solicitó 10 años y 8 meses de inhabilitación para postular a cualquier cargo público.

Sueno entregó la acusación, que consta de 451 páginas, contra Alarcón y otros exfuncionarios de la Contraloría, el 22 de marzo de 2019 pero, hasta el día de hoy, se desconoce cuándo se iniciará el juicio oral.

Vale recordar que el investigado Alarcón fue removido de la Contraloría por decisión de la entonces Comisión Permanente del Congreso, en julio del 2017, tras acumular una serie de denuncias por presuntos actos de corrupción.

El funcionario estuvo en la institución encargada de vigilar el buen uso de recursos públicos del Estado, desde 1997 como analista técnico financiero, a sus 37 años de edad. En junio del 2016, fue designado contralor.

Los hechos

En el documento de acusación -que lleva la firma de la fiscal Zoila Sueno- se atribuye a Alarcón que, en su condición de gerente general de la Contraloría, pagó beneficios sociales a favor de diverso personal de la institución que culminaba sus labores.

Según la Fiscalía, Alarcón “permitió que se tramitaran 121 convenios de Término de Contrato de Trabajo por Mutuo Disenso“, omitiendo seguir el procedimiento de acuerdo a ley para la cancelación de estos pagos.

Para estos beneficios -que podían llegar a sueldo y medio por año hasta un máximo de 12- se requería contar con un informe previo del Ministerio de Economía y un pronunciamiento de la Gerencia de Finanzas.

En la acusación, la fiscal Sueno señala que dichos procedimientos no se activaron, “dado que la misma Contraloría ha informado a este despacho fiscal que no existe documento alguno en el archivo general de la Contraloría General de la República con las opiniones antes mencionadas”.

La normativa también contemplaba que el pago de beneficios correspondía a los trabajadores despedidos de manera arbitraria y no “cuando el vínculo laboral terminaba por mutuo disenso, ocasionando de esta manera un perjuicio al Estado”.

En otro punto, la Fiscalía señala que Alarcón “no solo tuvo conocimiento de la ilegalidad de la celebración de los 121 convenios” sino que “participó de manera directa aprobando y autorizando los 65 comprobantes de pagos, entre 2010 y 2011”.

Entre la lista de beneficiados, se encuentra la expareja sentimental de Alarcón, Marcela Emilia Mejía Franco.

La acusación fiscal también incluye al personal que se acogió al citado convenio de término de contrato por mutuo disenso, que comprende a 25 personas.

Beneficios

La carpeta fiscal también señala que Alarcón aprobó, de manera irregular, su liquidación por tiempo de servicios en la Contraloría de 1997 al 30 de junio del 2010, por un monto de 426, 359.87 mil soles, “registrándose un exceso de más del 90 % del monto calculado, que es de 107,261.19”.

En este punto, la Fiscalía indica que Alarcón percibió además una indemnización vacacional de S/150, 665.30 durante “todo el período laboral como si el imputado nunca hubiera salido de vacaciones”.

Lo curioso de esta historia es que el funcionario fue inmediatamente contratado para otro puesto en la Contraloría, como gerente general, “situación que se advierte a todas luces ilegal”.

Por ello, percibió otra liquidación de 440 mil, 863.01 soles, el 7 de julio del 2017, según consta en la acusación fiscal.

Vale mencionar que la fiscal Zoila Sueno tiene otra investigación contra Alarcón por el delito de peculado. El caso está aún en investigación preparatoria y se le atribuye a Alarcón haber realizado un mal uso de la caja chica, incurriendo en gastos personales.

Se defiende

El hoy congresista por UPP toma las cosas con calma pese a los diversos procesos que tiene en el Ministerio Público.

“En realidad, lo tengo claro y los documentos para demostrar ante el Poder Judicial que no hemos cometido ninguna irregularidad”, dijo Alarcón a Correo.

Sobre los 118 contratos de mutuo disenso con personal de la Contraloría, Alarcón señaló que, como gerente general, solo cumplió con la orden del entonces contralor Fuad Khoury.

“Esos contratos fueron firmados por el despacho del contralor Fuad Khoury. Yo era, en ese entonces, gerente general e implementamos su decisión, que era proponer a un grupo de trabajadores, previamente evaluados o que se presentaban voluntariamente, para que se retiren de la Contraloría”, dijo el congresista.

Indicó que procedieron de esa manera a fin de que el personal retirado no interponga ningún reclamo por la vía judicial.

Sobre la acusación de la Fiscalía en su contra, dijo que esta no reconoce que, de acuerdo a ley, la Contraloría tiene autonomía para el contrato de personal y el pago de beneficios sociales.

“La Contraloría decide, como entidad autónoma, el aumento de remuneraciones. No era necesario contar con una opinión previa del Ministerio de Economía”, aseguró Alarcón, contradiciendo lo que señala la Fiscalía en este extremo.

En torno al cobro de su liquidación, explicó que hasta el 2010 era trabajador de planta y luego pasó a ser trabajador de confianza de la institución.

“Se investiga a mi persona y a numeroso personal de la Contraloría por firmar contratos de mutuo disenso, realizando pagos de 12 sueldos, cuando en el Congreso se pagan hasta 40 sueldos por retiro de personal”, remarcó.

Sobre los otros procesos en su contra, Alarcón confió en que saldrá airoso.

En otro momento, dijo que cuando presentó su candidatura al Congreso por UPP informó al partido y a la población de los procesos que viene investigando la Fiscalía.

Dos casos

De los casos mencionados contra el excontralor, hay uno que se encuentra en el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, que despacha el fiscal Ramiro Gonzales, correspondiente a gastos irregulares durante su período como contralor desde el 9 de junio del 2016 hasta el 4 de julio del 2017, fecha en la que fue removido del cargo.

El caso, según supo Correo, está a la espera de ser enviado al Congreso de la República cuando entre en funciones, para que proceda conforme a sus atribuciones, en razón a que Alarcón lo protege la inmunidad como alto funcionario.

Este es el rosario de denuncias y procesos que se cocina en el Ministerio Público contra Alarcón pero este cree que el Poder Judicial desestimará todas las acusaciones en su contra.

El actual contralor general de la República, Nelson Shack, dijo días atrás estar “seguro” de que su antecesor y electo congresista de UPP facilitará el desarrollo de las pesquisas en su contra.

“Imagino que él, en su nuevo puesto como alto funcionario, como congresista de la República, estoy seguro que dará las facilidades para que estas investigaciones puedan concluir”, indicó.