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¿Cambios en el tablero? El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, manifestó que el nombramiento del procurador general del Estado, Daniel Soria, será evaluado, luego de que el abogado del presidente Pedro Castillo, Eduardo Pachas, señalara que el funcionario no cumple con los requisitos para ejercer el cargo.
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En la víspera, la defensa legal del jefe de Estado sostuvo que el procurador “no tiene los dos años como abogado litigante en nombre de la Procuraduría para que represente los intereses del Estado”. Además, dijo que este se “burló” de Castillo Terrones durante la toma de declaración del presidente en Palacio el pasado 28 de diciembre.
“Frente a las denuncias que ha hecho el defensor del presidente y otras personas, va a tener que ser revisado todo el expediente del nombramiento del procurador. Yo procederé conforme a la ley, no me puedo salir de la ley”, manifestó en entrevista con RPP.
Soria denunció al mandatario ante la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, por la presunta comisión de los delitos de patrocinio ilegal y tráfico de influencias en torno a la cuestionada licitación del Puente Tarata III y los encuentros realizadas en el inmueble de Breña. El funcionario solicitó también en más de una ocasión información y el listado de quienes se reunieron con Castillo en Sarratea.
El ministro Torres recalcó que el procurador “no va a ser removido por la denuncia” contra el presidente. No obstante, indicó que en esta “hay cosas muy extrañas, hechos que no son de materia de una investigación penal, que no indican un indicio penal”.
Es preciso señalar que, de acuerdo al registro de visitas, do Pachas, acudió al despacho del ministro Aníbal Torres un día antes de que declarara ante la prensa que se debería revisar la designación del procurador general de la República.
Según el portal de Transparencia, el letrado registra un ingreso, como “reunión de trabajo”, al despacho del ministro el martes 4 de enero a las 9:02 a.m. y salida a las 9:42 a.m.
El mismo 4 de enero, Pachas Palacios registra dos ingresos a Palacio de Gobierno, una por la mañana y otra por la tarde, para reunirse -según el portal de Transparencia- con Beder Camacho, subsecretario general del Despacho Presidencial.
No obstante, entre diciembre pasado y lo que va de este año la defensa legal del mandatario acudió a la Casa de Pizarro en más de 16 oportunidades.
RESPONDE
Desde la sede del Parlamento, a donde fui invitado a asistir a la Comisión de Fiscalización, el procurador general Daniel Soria manifestó que la postura de la Procuraduría es que el artículo 117 de la Constitución sí permite que el mandatario sea investigado de forma preliminar. Este extracto fue señalado por la fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, para suspender las pesquisas contra el mandatario por los casos Petroperú, Puente Tarata III y ascensos militares.
“Ya como saben hay una apertura formal de investigación en tres casos al presidente de la República. Hay un debate en torno a la interpretación del articulo 117, eso también es publico y nosotros ya nos hemos pronunciado en una entrevista hace una semana de que para la Procuraduría General del Estado el articulo 117 sí puede permitir una investigación preliminar al presidente”, indicó.
Al respecto, dijo que la Procuraduría evalúa “qué caminos transitar” y que, al tratarse de un conflicto de interpretaciones constitucionales, el llamado a solucionar este tema es un juez constitucional, del Poder Judicial, y, en última instancia, el Tribunal Constitucional.
En otro momento, Soria dijo desconocer de la reunión entre Pachas y Torres, pues la defensa legal de un funcionario público, en alusión al mandatario, está a cargo de un abogado privado. “Un funcionario no puede defender a otro funcionario, esa es una regla clara que creo que siempre tiene que cumplirse en todos los casos”, recalcó.
El exministro de Justicia Gustavo Adrianzén recalcó que los procuradores generales “son procuradores del Estado y no del Gobierno”.
En entrevista con canal N, explicó que existen causales por las que se puede vacar a un procurador general, como fallecimiento, renuncia, falta grave, término de periodo, entre otros. “Están acotadas las razones por las que puede ser vacado un miembro del Consejo Directivo de la Procuraduría General del Estado entre los que está el procurador”, sostuvo.
Adrianzén sostuvo que el presidente de la República designa al procurador general del Estado a propuesta del ministro de Justicia, para ejercer en el cargo por un periodo de 5 años como parte del consejo directivo.
Así lo señala el decreto legislativo Nº 1326, que reestructura el sistema administrativo de Defensa Jurídica del Estado y crea la Procuraduría General del Estado.
Daniel Soria Luján fue designado en febrero del 2020 como procurador general del Estado. Su nombramiento fue oficializada en una resolución publicada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos con las firmas del entonces presidente Martín Vizcarra y titular del sector, Ana Teresa Revilla.
En otro momento, Adrianzén consideró que “sería una absoluta imprudencia” que el Minjus decida remover a Soria, pues le podría costar el cargo al actual ministro.
“En mi opinión, el Minjus si da este paso estaría dando un paso hacia la censura”, dijo.
CRITICA
El congresista oficialista Alex Paredes criticó ayer al procurador general del Estado, Daniel Soria, luego de que este anunciara presentar un recurso ante un juez constitucional para que interprete el artículo 117 de la Constitución y determine si Castillo puede ser investigado durante su mandato.
Paredes consideró que Soria no es idóneo para ejercer el cargo porque no tiene requisitos dehaber litigado para el Estado, y que si habla de normatividad “primero que revise su nombramiento y después que comience a pedir lecciones”.
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“El señor no tiene los requisitos de haber litigado a favor del Estado. Y eso estaba en las normas. Para ser procurador, él tenía requisitos que cumplir, que eran dos años de litigar a favor del Estado. Y él trabajaba en la Defensoría del Pueblo, si no me equivoco”, manifestó.
