Los abogados de Nicanor Boluarte -hermano de la presidenta Dina Boluarte- indicaron que están esperando la decisión de la Corte Superior de Justicia respecto a la apelación que van a presentar ante la orden de detención dictada contra su patrocinado.
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En la conferencia de prensa, Josep Campos, abogado de la presidenta Dina Boluarte, quien indicó que él se encarga del aspecto constitucional del caso de Nicanor Boluarte, mientras que Luis Vivanco se enfoca en el tema penal del hermano de la mandataria.
Luis Vivanco dijo que el mandato judicial es “arbitrario”, aunque señaló que desconoce el paradero de su cliente y que tuvo contacto con él por última vez en la audiencia judicial efectuada el domingo pasado.
“Mientras la decisión no sea firme, no se lo puede calificar como prófugo”, dijo Vivanco. “Podríamos decir que una persona no habida”, precisó.
“Vamos a esperar a que nuestra apelación sea analizada por la corte superior y, en ese momento, se tomará la decisión de someterse o no a la decisión del Poder Judicial”, declaró Luis Vivanco al pedir que se reevalúe el caso con otro juez, pues considera que Richard Concepción Carhuancho debe ser apartado del mismo.
Sostuvo que la legislación peruana no contempla un delito específico por no acatar una orden judicial si esta se percibe como arbitraria y afecta directamente el derecho a la libertad.
En tanto, el abogado Joseph Campos señaló que si el habeas corpus es aceptado, se solicitará que el caso sea conocido por otro juez, y que los actos de Richard Concepción Carhuancho sean declarados nulos
Prisión preventiva
El juez Richard Concepción Carhuancho le impuso a Nicanor Boluarte 36 meses de prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la Sombra”, y ordenó también activar todas las alarmas de la justicia debido a su ausencia en el momento del fallo.
El juez aseguró que Nicanor Boluarte tuvo un comportamiento procesal negativo al ocultar pruebas como borrar mensajes o llamadas en los equipos celulares que se le confiscó; e insistió en que el hermano de la mandataria representa un serio peligro para las investigaciones o al proceso por los comportamientos obstruccionistas que se desarrollan en la investigación.
Asimismo, para Concepción, Boluarte no acreditó arraigo domiciliario, laboral ni económico.
El despacho de Richard Concepción Carhuancho impuso la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.
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