María Caruajulca Quispe, procuradora general del Estado que fue restituida durante el gobierno de Dina Boluarte, fue sentenciada por los delitos de omisión y rehusamiento de actos funcionales.
DETALLES
Cuando Caruajulca era procuradora de la Municipalidad de Comas, se le solicitó la entrega de información sobre carpetas fiscales en curso, como parte de un proceso de acceso a la información pública.
Con la solicitud se buscaba conocer las denuncias que presentó bajo su administración entre el 1 de enero de 2019 al 9 de setiembre de 2020.
Sin embargo, la funcionaría cumplió con entregar la información el 12 de mayo de 2021, es decir, cinco meses después del pedido.
Dylan López, presidente de la Asociación Líderes en Fiscalización y Anticorrupción de Lima Norte, decidió denunciarla penalmente el 2020.
Así, el Décimo Quinto Juzgado Penal Unipersonal de Lima Norte la halló culpable de los delitos de omisión de funciones, rehusamiento o demora de actos funcionales.
MÁS
La jueza Carolina Huamaní Reyes reservó el fallo.
Esto implica que Caruajulca no tendrá una pena efectiva de ocho años de prisión, sino que no deberá reincidir en esos delitos y cumplir reglas de conducta.
Por ejemplo, no podrá cambiar de domicilio y número de celular sin autorización y/o conocimiento del juez, tendrá que asistir a un juzgado de manera mensual para su control biométrico y el registro de su firma de manera personal, esto último para informar y justificar sus actividades.
Por otro lado, al Estado deberá pagarle una reparación civil de 600 soles y una cifra similar al demandante.
Una parte tendrá que ser abonada a fines de febrero y la otra a fines de marzo de este año.
Cabe precisar que este fallo se dio en primera instancia, por lo que la procuradora general del Estado anunció que apelará dicha decisión.
