Informe de Fiscalización recomienda inhabilitar a Martín Vizcarra por 10 años de la función pública

Por Glademir Anaya y Erick Rivera

El informe final de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, por el caso Richard “Swing”, recomienda acusar constitucionalmente al expresidente Martín Vizcarra y a otros exministros involucrados en la contratación del artista en el Ministerio de Cultura.

Entre las recomendaciones, del grupo parlamentario presidido por Edgar Alarcón, también se busca que se inhabilite en el ejercicio de la función pública hasta por 10 años al exmandatario que busca llegar al Parlamento de la mano con Somos Perú.

El documento de 315 páginas detalla que el exjefe de Estado cometió una infracción constitucional, varios delitos de función y que lideró “una organización criminal”.

“Corresponde la inhabilitación para el ejercicio de la función pública hasta por diez años, sin perjuicio de cualquier otra responsabilidad de acuerdo a las normas vigentes”, indica el informe al que accedió CORREO.

En el documento también se indica que “se ha comprobado que estamos ante una organización criminal que habría capturado el Poder Ejecutivo y sus dependencias”, a fin de utilizar el poder político con el que contaba Vizcarra, sus asesores y diversas autoridades de confianza en entidades del Estado, a fin de contratar a personas de su entorno, como sucedió con el artista Richard Cisneros.

“Se ha favorecido a partidarios políticos, amigos y familiares directos o indirectos y amigos de los mismos, que vienen ocupando cargos de confianza, entre otros tipos de modalidades de contrataciones (órdenes de servicios, CAS), advirtiéndose la existencia de un modus operandi durante el gobierno de Martín Alberto Vizcarra”, se destaca.

EXMINISTROS ACUSADOS

El informe final de la Comisión de Fiscalización también recomienda acusar constitucionalmente a todos los exministros de Cultura Transportes, Vivienda y Construcción; Educación y Defensa que desempeñaron los cargos entre los años 2018 y 2020, debido a que en ese periodo “se efectuaron contrataciones en cada uno de los sectores mencionados, por delitos de omisión, de actos funcionales, al permitir que ejecuten actos ilegales e ilícitos durante su gestión”.

Los delitos que habrían cometido, según el documento, serían de omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.

Sobre la contratación de Fiorella Alvarado Vallejo, Fiscalización recomendó acusar constitucionalmente a los exministros de Agricultura Gustavo Mostajo, Fabiola Muñoz, Jorge Montenegro Chavesta por los presuntos delitos de Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales, colusión agravada y tráfico de influencias.

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