El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento ha designado a Néstor Supanta Velásquez como el nuevo Director Ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), en respuesta a denuncias sobre irregularidades en la contratación del anterior director, Jonatan Ríos Morales.
MIRA: Subcomisión de Acusaciones admite a trámite denuncia contra Pedro Castillo por el Caso Ascensos
La Resolución Directoral N.° 014-2024-VIVIENDA-OGGRHH establece que Néstor Supanta Velásquez asumió el cargo el 20 de enero, reemplazando a Jonatan Jorge Ríos Morales.
Como se dio a conocer en el programa ‘Punto Final’, la Contraloría General de la República detectó irregularidades en la contratación de Ríos Morales debido a la falta de requisitos profesionales para desempeñar la función de director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano. Ríos fue retirado del cargo el 5 de enero, tras un año en la gestión del PNSU.
Al día siguiente de su destitución, el Ministerio de Vivienda emitió una resolución que ajustaba los requisitos mínimos para ocupar el cargo, aparentemente con un perfil dirigido al exfuncionario. En el nuevo clasificador, se establece que para ser director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), solo se requiere contar con un título universitario o un grado académico de bachiller y tener al menos seis años de experiencia en el sector público o privado.
Es relevante señalar que, de acuerdo con la investigación de ‘La Encerrona’, durante su periodo como director ejecutivo del PNSU, Jonatan Ríos contrató a su entrenador personal, Henrry Vega, para llevar a cabo sesiones de actividad física con los colaboradores, generando un gasto de S/27,000.
Entre febrero y noviembre de 2023, el directivo contrató a su preparador físico para liderar “pausas activas” a solicitud del área de recursos humanos del PNSU.
Según el buscador de proveedores del Estado, Vega participó en cinco concursos para ofrecer estas sesiones y ganó en todas las ocasiones contra otros postores. En última instancia, recibió cuatro pagos del Estado por S/ 6,000 cada uno, además de un pago adicional de S/ 3,000.
En relación con este asunto, el Ministerio de Vivienda aclaró, mediante un comunicado, que las “pausas activas” se ajustan a la ley de seguridad y trabajo, y aseguró que la contratación de Vega se llevó a cabo conforme a la normativa interna.
TE PUEDE INTERESAR
- Comisión Permanente votará denuncias contra María Cordero y Martín Vizcarra este 15 de febrero
- Congreso propone declarar emergencia en el sistema penitenciario y establecer colonias agrícolas para presos
- Defensa de Patricia Benavides denuncia suplantación de identidad para cobros indebidos
- Promueven proyecto de ley que propone condenar con “muerte civil” a funcionarios que incurran en actos de corrupción
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/7BQPQJAT6RFULMH2RUK7WZVFXM.jpg)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/XZB7T45N7REKJKHVAOS35U6CZE.jpg)
:quality(75)/cloudfront-us-east-1.images.arcpublishing.com/elcomercio/PYAX4PB3RFBPDPV3QYDN6B6E3I.jpeg)