La ministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento, Hania Pérez de Cuellar, descartó que haya un plan para privatizar el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado. Así lo dijo durante su participación ante el pleno del Congreso tras el debate por el voto de confianza al Gabinete Ministerial liderado por Gustavo Adrianzén.
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“Asegurar a todos nuestros hermanos y hermanas del Perú que no se va a privatizar el agua ni el servicio de distribución de agua potable y alcantarillado es un compromiso de este Gobierno que se va a respetar la Constitución”, aseveró Pérez de Cuellar.
Asimismo, destacó que este Gobierno al ser demócrata y respetar la Constitución, no se infringirá el artículo 7a inciso 4 de la Carta Magna en el que se indica que “el Estado reconoce el derecho de toda persona a acceder de forma progresiva y universal al agua potable”.
“El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos. El estado promueve el manejo sostenible del agua, el cual se reconoce como un recurso natural esencial y, como tal, constituye un bien público y patrimonio de la Nación”, agregó.
“Repito: No hay ningún plan de privatización ni de las fuentes de agua, ni de ninguna EPS, ni del debilitamiento de las JASS”, recalcó la titular del ministerio de Vivienda.
“Este foro tiene que ser un espacio de debate político, pero para ello se debe hablar con la verdad, y sobre todo, no se puede confundir más a los más vulnerables, a los más necesitados, que hoy claman de sed, con narrativas falsas. La democracia, aunque parezca débil en este país, se fortalece al desarrollar la tolerancia y el diálogo franco, aunque se discrepe políticamente”, increpó.
Asimismo retó a los congresistas a que señalen “en qué parte” de Decreto Legislativo 1620 se habla de privatización. “Me parece que confunden la privatización con la concesión”, comentó. Aprovechó para explicar que, ante la brecha en la infraestructura de agua y saneamiento, el Estado está buscando formas de financiamiento y transferencia tecnológica.
“Nos hemos comprometido a través del 1620 en el precepto de la intangibilidad del agua como bien público estratégico. Hemos planteado la necesidad de tener tarifas justas y la modernización del sistema de distribución”, concluyó la ministra.
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