El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Eduardo Arana, adelantó que se viene trabajando en un proyecto de ley que establece que funcionarios de empresas privadas que han incurrido en actos de corrupción no vuelvan a trabajar con el Estado.
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Eduardo Arana precisó que la actual legislación presenta vacíos que permiten que las personas naturales, extranjeros y funcionarios puedan seguir contratando con el Estado, razón por la cual el Ministerio de Justicia elaborará una nueva norma que contemple esos casos.
“La lucha contra la corrupción no es solo en el ámbito penal, sino también en el administrativo. La Ley de Contrataciones debe establecer pautas y mecanismos que permitan establecer con antelación aquellos casos en que las personas que han incurrido en infracciones, delitos, que vulneran la buena fe del Estado, no puedan seguir participando y trabajando con el Estado”, indicó en RPP.
El ministro de Justicia señaló que la corrupción es un mal que destruye al país, y se debe combatir “venga de donde venga”, sobre todo cuando se conoce que el 10% del presupuesto nacional se va en corrupción, de acuerdo a la Contraloría.
“Las empresas no incurren en delito, sino las personas; sucede que las personas están en la empresa A y crean la empresa B e incurren en las mismas práctica inmorales e ilegales”, refirió en RPP.
De otro lado, respecto a la denuncia de Brookfield (accionista de Rutas de Lima) al Estado peruano, por 2.700 millones de dólares por el cierre de peajes en la Panamericana Norte, Eduardo Arana sostuvo que dicha empresa debió ser más específica en relación a la empresa que compraba y verificar sus estándares.
“Se verá en el ámbito arbitral. El Estado tiene toda la facultad y argumentos necesarios para enfrentar una demanda de este tipo” aseguró.
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