El ministro del Interior, Carlos Malaver, subrayó que la reciente entrega de armamento a la Policía Nacional del Perú (PNP) busca fortalecer la capacidad operativa en zonas de mayor riesgo, entre ellas el Valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro (Vraem), donde aún existen remanentes terroristas y organizaciones vinculadas a economías ilegales.

Según explicó, este refuerzo permitirá responder con mayor eficacia ante escenarios de alta peligrosidad.

Malaver enfatizó que, después de varias décadas, el Estado ha empezado a atender de manera prioritaria las necesidades logísticas de la institución policial. Recordó que el personal que cumple funciones en contextos difíciles requiere no solo armamento, sino también mejores herramientas y una normativa adecuada que respalde su trabajo.

De cara a su próxima interpelación en el Congreso, el titular del Interior adelantó que presentará ante el pleno los avances alcanzados por su gestión.

En ese contexto, afirmó: “Aprovecho esa oportunidad para poder dar a conocer a los 130 congresistas, pero más aún ahí, a toda la ciudadanía de lo que está realizando la policía. Y como le vuelvo a repetir, denle también una mirada a esto. Cuatro décadas después, recién, y así, no solamente en el tema de armamento, hay una situación logística y más. Más aún, hay que mejorar la normativa. Mucha gente dice, apliquemos normas. ¿Saben qué? Lo más importante es que se cumpla la ley. Quisiéramos tener esas herramientas. (...) Por favor, yo estoy cumpliendo mi trabajo y estamos enfocados permanentemente en la lucha contra la criminalidad. No se diga en ningún momento que no se está trabajando”.

El ministro también se refirió al sistema penitenciario, señalando que aún existen establecimientos donde los internos mantienen acceso a comunicaciones que les permiten coordinar con redes delictivas. Planteó que es necesario contar con penales de régimen cerrado que limiten de manera real esas conexiones.

Malaver concluyó que la prioridad de su sector es garantizar la seguridad ciudadana mediante la articulación con distintas instituciones del Estado y la reducción de las brechas logísticas y normativas que afectan la labor de la Policía Nacional.

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