‘Mochasueldos’ en el Congreso: ¿Cómo van las investigaciones y qué acusaciones pesan sobre los implicados?

Como si se tratara de una modalidad del bajo mundo, el Congreso se ha visto opacado, aún más, por casos de presuntos recortes de sueldo que implican a un total de 10 congresistas. En un panorama de receso para el Parlamento, los legisladores hoy ‘afrontan’ sus casos que, en tres escenarios, han terminado en blindajes gracias a sus colegas.

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Iniciemos con los casos ‘revisados’ por la Comisión de Ética que durante la última legislatura - extendida hasta el 23 de junio - recibió nueve denuncias de congresistas acusados de recortar sueldos. Esto sin contar la del congresista Flores Ancachi (Acción Popular) que ocurrió fuera de la mencionada fecha.

Hasta el momento, el grupo de trabajo solo ha resuelto tres de los nueve casos que tiene en lista, mientras que el Ministerio Público trabaja en seis investigaciones preliminares contra parlamentarios asociados al presunto delito de concusión. A continuación los casos resueltos por Ética:

Heidy Juárez (Podemos Perú)

Sobre la congresista Heidy Juárez, de la bancada Podemos Perú, fue el ciudadano José Alvarado Rojas, quien la denunció por el presunto delito de haber recortado el sueldo a trabajadores parlamentarios.

La denuncia recabó la versión de cuatro trabajadores de la Comisión Especial de Cambio Climático que preside Juárez. Estos indicaron que la parlamentaria exigía pagos a través del asesor de su despacho Miguel Chafloque.

Señalaron que se pedían pagos mensuales que iban entre los S/200, S/300 y hasta S/1.000, y que provenían de sus sueldos como trabajadores al interior de la comisión especial.

El informe final de Ética recomendó suspender por 120 días sin goce de haber y elevar el documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y al Ministerio Público. Sin embargo, la congresista Kelly Portalatino (Perú Libre) planteó variar las recomendaciones del informe final.

Finalmente, Ética aprobó la cuestión previa y Juárez solo recibió una amonestación pública escrita, además del descuento de sus haberes por 30 días.

Esto último por “no realizar las diligencias debidas en su despacho” y no por un presunto recorte de sueldos. Asimismo, también se aprobó que el informe final no sea derivado a la SAC ni a la Fiscalía.

Magaly Ruiz (Alianza Para el Progreso)

El comunicador Carlos Marina Puscán, extrabajador del Congreso, denunció que la legisladora Magaly Ruiz le cobraba S/ 1 500 mensuales por trabajar en la Comisión Especial Multipartidaria de Protección a la Infancia, presidida por la parlamentaria.

Marina también detalló que era el asesor principal de la legisladora, Jony Romero, quien presuntamente se encargaba del cobro argumentando que ella estaba “endeudada hasta el cuello” por sus gastos en la campaña electoral pasada.

Carlos Marina mostró chats e incluso transferencias bancarias, además, detalló que las entregas de dinero que hacían él y sus compañeros con parte de sus sueldos iban a una “caja chica” de la legisladora.

Con todos estos indicios, el 12 de junio, la Comisión de Ética Parlamentaria acordó imponer solo una amonestación pública escrita con multa de 30 días de descuento de su remuneración de la congresista.

Esto se dio luego que la congresista Nelcy Heidinger Ballesteros, colega de bancada de Ruiz, planteó modificar la recomendación de sanción de 120 días de suspensión en el ejercicio del cargo congresal que proponía el informe final de la investigación.

Rosio Torres (Alianza Para el Progreso)

A inicios de abril, la congresista Rosío Torres (Alianza para el Progreso) fue denunciada por una extrabajadora, identificada como Cecilia Salazar Mattos, quien señaló que la legisladora obligó a cinco extrabajadores a depositar parte de sus sueldos a un familiar.

Salazar Mattos fue asesora de Torres de julio de 2021 a agosto del año pasado, y en ese periodo transfirió al sobrino de la congresista, Juan Daniel Pérez Guerra, al menos S/ 24.562.

Otra trabajadora dijo que el monto mensual se duplicaba en meses en los que el Congreso paga gratificaciones y bono de escolaridad.

Las cámaras del dominical “Punto Final” grabaron a la congresista mientras borraba el historial de conversaciones que sostuvo con su sobrino mediante WhatsApp, minutos después de ser consultada por los depósitos exigidos.

Sin darse cuenta que era grabada, Torres le escribió luego a su sobrino: “Han estado armando esto hace tiempo. Le tengo al enemigo en la oficina”.

Al igual que sus colegas Juárez y Ruiz, el informe final de la Comisión de Ética recomendaba suspenderla por 120 días sin goce de haber y que la denuncia sea remitida a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para someter a la legisladora a un proceso de antejuicio y juicio político.

No obstante, su colega de APP Cheryl Trigozo, planteó una cuestión previa para variar la sanción a una amonestación y multa. En ese sentido, Torres solo recibió una amonestación pública escrita y descuento de sus haberes por 30 días.

CASOS POR RESOLVER

De los 17 congresistas que integran la Comisión de Ética, al menos 13 de ellos presentan cuestionamientos por distintos casos. A la par, existen siete casos pendientes de parlamentarios involucrados en recortes de sueldo, a continuación, el detalle de cada uno:

Katy Ugarte (no agrupada)

Katy Ugarte Mamani, también involucrada en el caso ‘Los Niños’, fue sindicada de recortar sueldos a trabajadores de su despacho a fin de generar ingresos para pagar publicaciones en prensa con el objetivo de levantar su imagen, en Cusco.

‘Cuarto Poder’ reveló que los trabajadores como personal técnico del despacho entregaban S/ 300 y los asesores S/ 400 cada uno. Con ello, se llegaba a juntar hasta S/ 2.000 al mes.

“Me parece injusto trabajar, producir, soportar, encima salir tarde para que nos tengan que pedir siquiera 1 sol, cuando la congresista tiene un fondo por función de representación”, se puede leer en uno de los tantos chats que difundió el dominical.

Tras recibir estos indicios, la Comisión de Ética recomendó suspender a Ugarte por 30 días, sin embargo, la mayoría de los integrantes votó en abstención (6 votos a favor y ocho abstenciones). Es así que el caso deberá volverse a votar en el próximo periodo anual de sesiones 2023-2024.

María Cordero Jon Tay (Ex Fuerza Popular)

La excongresista de Fuerza Popular, María Cordero Jon Tay, en abril, se propalaron unos audios suyos donde se escucha pedir el 50% del salario de su exasesor.

“Porque a ti ya te depositaron ya. Vamos al cajero de una vez (...) tú tienes tarjeta de crédito. Yo simplemente quiero que me cumplas lo que quedamos, nada más. Vamos al banco, lo necesito ahora”, se le escucha decir a Cordero Jon Tay a su exasesor en el audio.

Fuerza Popular pidió la máxima sanción a la legisladora, además, la expulsaron del partido y la retiraron de todas las comisiones en la que participaba. También presentaron una denuncia constitucional en su contra, en la que plantean su inhabilitación por 10 años.

La Comisión de Ética abrió una investigación contra Cordero Jon Tay, misma que se encuentra en etapa de audiencia. Se espera una posible suspensión.

Por su parte, la Fiscalía abrió una pesquisa en su contra por el presunto delito de concusión. Hasta el momento la legisladora no se pronunciado por esta denuncia.

María Acuña Peralta (Alianza para el Progreso)

Respecto al caso de la congresista María Grimaneza Acuña Peralta, una denuncia periodística indicó que la legisladora dispuso que dos trabajadores de su despacho compartan la remuneración de uno.

Se recabó el testimonio del abogado Carlos Herrera, quien trabajó con la parlamentaria y aseveró que la también hermana de César Acuña, aplicaba esta cuestionada modalidad de pago.

“Me comunican diciéndome: ‘Carlos, la congresista ha dicho que yo tengo que darte (parte de) mi sueldo’. A mí me sorprendió bastante”, declaró Herrera.

Al igual que su colega Jon Tay, el caso de Acuña Peralta está en etapa de audiencia. La Fiscalía abrió investigación preliminar y, como parte de las diligencias, se recabó información en el Congreso.

Marleny Portero (Acción Popular)

Marleny Portero fue señalada de pedir a una extrabajadora que compre, de su sueldo, dos sillas de ruedas que luego ella entregaría como donaciones. En unos chats se mostró que la extrabajadora hizo la compra bajo supervisión de la congresista.

En la conversaciones, le consulta a Portero si las sillas seleccionadas están bien y ella responde: “Sí, están bien. Esas son, guapa”. Una hora después, la entonces trabajadora le escribe que “ya están en tu despacho. Tarea cumplida, Dios mediante todos felices”.

Horas después, la legisladora manda un audio: Gracias mi niña por esas dos sillas de ruedas que van a ser para dos personas importantes y serán sus ahijados de mejorar la calidad de vida. Gracias, bebé, muchas gracias.

El reglamento del Congreso prohíbe a los congresistas recibir donaciones. Al conocer esto, la Comisión de Ética decidió abrir una investigación contra la parlamentaria, etapa en que se encuentra hasta el día de hoy.

En marzo pasado, el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción allanó un inmueble vinculado a la congresista Hilda Marleny Portero en el marco de la investigación que se le sigue por los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y tráfico de influencias agravado en el caso ‘Los Niños’.

Edgar Tello (Bloque Magisterial)

El caso Egdar Tello es uno de los más sonados por recorte de sueldo y, además, hostigamiento a una trabajadora de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo, que preside Tello, quien denunció esta presunta irregularidad.

Identificada como Marie Silva Uriarte, dijo que el legislador pedía el 5% y luego iba aumentando. “A mi se me dijo dos veces y yo dije tajantemente que no. En algún momento, lo decía abiertamente y no solo a mi, a todo el personal”, contó Silva a Punto Final.

“Decía que tenía muchos gastos y que se le tenía que dar un porcentaje de nuestro sueldo y de todo ingreso que podíamos recibir en el Congreso”, agregó.

La Comisión de Ética aprobó investigar a Tello por también solicitar una donación de 8 mil dólares a la Embajada de Taipei y presuntamente hostigar laboralmente a una trabajadora en estado de gestación (tras la denuncia del recorte de sueldo). El caso se encuentra en etapa de investigación.

José Arriola (Acción Popular)

Nuevamente de la bancada con mayor de estos casos, esta vez, el congresista José Arriola, fue señalado por recortes de sueldo a trabajadores de su despacho. La fiscalía, en el allanamiento a su domicilio el pasado 24 de marzo, halló declaraciones juradas firmadas por empleados para “donar” parte de sus remuneraciones.

“Yo, Carlos Franco Valenzuela Abanto, identificado con DNI 09368198, declaro bajo juramento que en forma voluntaria y libre – sin ningún tipo de coerción- dispondré para su entrega personal en la fecha, de un aporte económico solidario por el monto de S/1,323.00, para ser utilizado únicamente en apoyo social a favor de personas vulnerables de sectores de pobreza y extrema pobreza. Lo antes expresado, lo reafirmo legalmente con mi firma y huella digital”, se lee en el documento, presentado por Cuarto Poder.

La fiscalía halló en el domicilio de Arriola cuantiosas sumas de dinero en efectivo: US$ 71.959 y S/ 33.570. Con todos estos indicios, Ética aprobó un informe de calificación que recomendaba iniciar la investigación.

Sin embargo, su colega de bancada Luis Aragón, presentó un pedido de reconsideración para volver a votar la calificación, la cual fue aprobada. Al votarse nuevamente el documento, los votos en abstención fueron mayoría por lo cual se tendrá que votar en la próxima legislatura.

Jorge Flores Ancachi (Acción Popular)

El caso más ‘fresco’ por recorte de sueldo en el Congreso. Jorge Flores Ancachi, tal vez, sea el legislador que más evidencias ha dejado a lo largo de las constantes notas periodísticas que giran a su entorno.

En distintos audios, Flores Ancachi reconoce que la práctica de recortar sueldo no es solo de él. “No crean que yo soy el único que hace esto, se hace, pero se hace bien, con gente de confianza”, se escucha decir al legislador.

En otro audio, Ancachi reconoce lo siguiente: “Con ustedes había quedado bien claro, de que ustedes nos iban a apoyar con el 10%. Yo considero que es algo no tan desfavorable para ustedes, y con los bonos al 50. Lo han cumplido, no, parte de ustedes, pero no veo esa voluntad”.

Pese a que este caso salió cuando ya había culminado la presente legislatura, la Comisión de Ética anunció en su cuenta de Twitter que inició un proceso de indagación contra Ancachi, pues también involucró a otros parlamentarios.