Luis Vivanco, abogado de Nicanor Boluarte -hermano de la presidenta Dina Boluarte- consideró que la medida de 36 meses de prisión dictada contra su patrocinado es “arbitraria” no aplicar la Ley 32108, aprobada por el Congreso, sobre crimen organizado.
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“Esta decisión no es firme porque está apelada y tendrá que ser revisada. Yo entiendo que no se va a someter a esta decisión porque considera que es una medida arbitraria”, dijo a RPP.
Para Luis Vivanco, el fallo tiene “tintes políticos” porque el juez Richard Concepción Carhuancho no aplicó no aplicar la Ley 32108. “La regla indica que el juez aplica la ley más favorable al reo, ya sea de manera retroactiva o ultraactiva, sea una ley anterior o una nueva, siempre se aplica la más favorable al reo”, indicó.
Sobre su defendido, el letrado aseguró que no tiene ninguna comunicación con Nicanor Boluarte y que prefiere no saber su domicilio. “La verdad de las cosas es que yo no tengo contacto con él desde hace unos días. Hay un tema entre abogado y cliente y prefiero no saberlo”, señaló.
La defensa legal de Nicanor Boluarte dijo que si el Poder Judicial rechaza el recurso de apelación que presentarán a fin de que se revoque la prisión preventiva, optará por otras vías legales, como la “una casación a la Corte Suprema para que, de manera excepcional, se revise algún vicio en la resolución”.
Prisión preventiva
El juez Richard Concepción Carhuancho le impuso a Nicanor Boluarte 36 meses de prisión preventiva por el Caso “Los Waykis en la Sombra”, y ordenó también activar todas las alarmas de la justicia debido a su ausencia en el momento del fallo.
El juez aseguró que Nicanor Boluarte tuvo un comportamiento procesal negativo al ocultar pruebas como borrar mensajes o llamadas en los equipos celulares que se le confiscó; e insistió en que el hermano de la mandataria representa un serio peligro para las investigaciones o al proceso por los comportamientos obstruccionistas que se desarrollan en la investigación.
Asimismo, para Concepción, Boluarte no acreditó arraigo domiciliario, laboral ni económico.
El despacho de Richard Concepción Carhuancho impuso la misma medida contra Jorge Luis Ortiz Marreros, Jorge Chingay Salazar y Zenovia Herrera Vásquez.
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