Un informe técnico advirtió que el edificio donde funciona la sede del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en la avenida República de Panamá, en San Isidro, presenta fallas estructurales que podrían comprometer su estabilidad ante un sismo de gran magnitud, según reveló Cuarto Poder. De acuerdo con el reportaje, el inmueble fue adquirido por el Estado en 2018 por US$33.5 millones, cuando era propiedad del Banco de la Nación.
La compra se realizó durante la gestión del exministro Javier Piqué, quien señaló posteriormente que la operación se concretó sin que se solicitaran estudios estructurales previos para conocer las condiciones del edificio. La sede cuenta con 16 pisos, cuatro sótanos y una azotea, y actualmente es utilizada por más de 700 trabajadores del sector público.
¿Qué fallas se detectaron en la estructura?
En 2020, el MVCS contrató un estudio de sismorresistencia elaborado por el especialista Carlos Cortijo Narváez para evaluar el comportamiento del inmueble frente a movimientos sísmicos. El documento, compuesto por 252 páginas, concluyó que la edificación presenta problemas de diseño que incumplen el Reglamento Nacional de Edificaciones.
Según el análisis, la principal vulnerabilidad se encuentra en el sexto piso, donde la ubicación de la caja de ascensores genera una distribución irregular de la estructura. Esta condición podría provocar un efecto de torsión durante un terremoto, haciendo que la parte superior del edificio tenga un movimiento distinto al de los niveles inferiores.
El informe advierte que, ante un evento sísmico severo, los elementos estructurales de ese nivel podrían no soportar las fuerzas generadas por el movimiento. El documento señala que esta situación podría ocasionar daños que comprometan la estabilidad general de la torre.
El reforzamiento del edificio contempla la instalación de sistemas estructurales y disipadores sísmicos para reducir los riesgos identificados en el estudio técnico. Sin embargo, el proyecto quedó paralizado luego de que el contrato para elaborar el expediente técnico terminara por diferencias entre el MVCS y la empresa encargada.
En febrero de 2024, el ministerio otorgó la buena pro al Consorcio REYCH por más de S/700 mil, pero la falta de acuerdos sobre el diseño de la intervención y los plazos de entrega llevó el caso a un proceso arbitral. Ante la demora, el MVCS convocó en 2026 una nueva contratación para continuar con la elaboración del expediente necesario y ejecutar las obras pendientes.
