Cada Congreso que pasa es considerado el peor por sus altos niveles de desaprobación y no es para menos.
En el grupo de congresistas electos para el período 2021 - 2026, uno fue expulsado por una acusación de violación sexual, hay varios denunciados por “mochasueldos”, están los vinculados a graves actos de corrupción por la gestión de Pedro Castillo, quienes usan a los trabajadores de su despacho para recoger firmas para su partido, entre otros casos.
Y es que lejos de trabajar por el país, los “padres de la patria” parecen haberlo hecho por sus propios intereses.
De acuerdo con información revisada por Correo, al menos cinco leyes con nombre propio ya fueron promulgadas en El Peruano y ocho que van por el mismo camino (ver infografía).
DETALLES
En abril de 2022, el congresista José Arriola (no agrupado) presentó una iniciativa para que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorice, de manera excepción y por única vez, la ampliación de la inscripción de la lista de candidatos para las elecciones internas municipales y regionales de ese año. El texto fue aprobado nueve días después en el Pleno.
La propuesta del exintegrante de Acción Popular (AP) se dio luego de que el partido de la lampa no lograra inscribir a sus precandidatos en la alcaldía de Lima Metropolitana y en 17 distritos de la capital.
Otra de las normas que benefició en alguna oportunidad a los congresistas es la denominada “Ley Soto”.
La ley aprobada en mayo de 2023 establecía una modificación en los plazos de prescripción de los procesos penales.
Uno de los beneficiados con esta norma fue el presidente del Congreso, Alejandro Soto, quien logró salvarse de una sentencia de ocho años y ocho meses.
El abogado del apepista pidió la prescripción del caso amparándose en la Ley N°31751 que se encontraba vigente.
Al observar que varios intentaron abusar de la ley, la Corte Suprema estableció que esta es inconstitucional y que los jueces no deben aplicarla.
Otra ley vinculada al ámbito judicial que tiene nombre propio es aquella que limita la colaboración eficaz.
A pesar de las observaciones de diferentes instituciones, el Parlamentó aprobó la ley que recorta la herramienta más importante que tiene la Fiscalía para luchar contra las organizaciones criminales.
Se estableció un plazo de ocho meses desde que se inicia el procedimiento de colaboración hasta que es aprobado por un juez.
Un dato importante es que un gran grupo de congresistas y sus partidos son investigados por una serie de casos que nacieron a raíz de declaraciones de colaboradores eficaces.
MÁS
Otra norma que se pasó por alto es aquella que permite que los congresistas que fueron policías o militares en retiro perciban un doble sueldo.
La iniciativa fue presentada por María del Carmen Alva (no agrupada) con la finalidad de que los antes mencionados reciban un sueldo y una pensión simultánea si son contratadas por todas las áreas del Estado. Sin embargo, cuando el texto llegó a la Comisión de Defensa sufrió una serie de cambios.
Se precisó que la norma es aplicable a los cargos públicos de elección popular.
El dictamen recibió luz verde en el mencionado grupo de trabajo que presidía José Williams e integraban Roberto Chiabra, José Cueto, Alfredo Azurín y Jorge Montoya.
Los mencionados se benefician directamente de la ley.
La norma más reciente con nombre propio fue la reelección de congresistas que estaba prohibida.
A principios de marzo se aprobó el retorno de la bicameralidad con senadores y diputados. Para aspirar al primer cargo, uno de los requisitos es haber sido congresista.
También se eliminó el artículo 90-A de la Constitución que establecía que “los parlamentarios no pueden ser reelegidos para un nuevo período, de manera inmediata, en el mismo cargo”.
EN CAMINO
Existen proyectos que buscan beneficiar a los padres de la patria y que podrían ser promulgados muy pronto.
Para muestra hay varios botones. Por ejemplo, el legislador Waldemar Cerrón (Perú Libre) propuso que los partidos políticos no sean sancionados penalmente ni embargados en caso de que los militantes cometan algún delito. De aprobarse no solo se beneficiaría la organización del lápiz a la que pertenece, sino también Fuerza Popular (FP), Podemos, entre otros.
La iniciativa ya tiene dictamen, pero está pendiente de ser debatida y votada en el Pleno.
En la misma instancia se encuentra la denominada “Ley de Amnistía” promovida por FP y Renovación Popular, una norma que limita la vigencia de delitos de lesa humanidad, con el que se beneficiaría a procesados por casos de violaciones de los derechos humanos.
Cabe recordar que el expresidente Alberto Fujimori fue condenado bajo por una serie de delitos que constituyen crímenes contra la humanidad, según el Derecho Internacional Penal.
El congresista Wilson Soto (Acción Popular) propuso la restitución de la inmunidad parlamentaria.
Su colega de bancada Darwin Espinoza, hoy en la mira por usar recursos públicos para la inscripción de su movimiento regional, presentó en enero una propuesta que permite que los padres de la patria puedan postular a cargos regionales.
Además, propuso cambiar la norma de impedimento de contrataciones con el Estado, a fin de que los familiares de los funcionarios públicos puedan ser contratados.
Las iniciativas están en la Comisión de Constitución, pero las dos primeras serían debatidas la próxima semana.
En la Comisión de Constitución hay otros tres proyectos con nombre propio.
El primero de Guido Bellido pretende otorgar una amnistía a todos los que participaron en el golpe de Estado como el expresidente Pedro Castillo y a la expremier Betssy Chávez.
El segundo de Jorge Flores (Acción Popular) intenta prohibir que la Comisión de Ética investigue los casos que ya se encuentran en el Ministerio Público.
De aprobarse, ningún legislador que es investigado por la justicia no sería suspendido hasta por 120 días aunque tenga casos graves.
Finalmente está la propuesta de Óscar Zea que busca establecer que en caso la presidenta Dina Boluarte sea vacada, no se convoquen a elecciones del Congreso.
