Patricia Benavides tendrá que entregar de forma voluntaria su celular o los teléfonos de su uso personal al despacho de la fiscal suprema, Delia Espinoza, en marco a la investigación que se le sigue por presunta organización criminal.
Luego de que la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema confirmó la resolución que emitió el juez supremo Juan Carlos Checkley, el último 25 de abril, donde declara infundada la tutela de derechos que presentó la exfiscal de la Nación, para que se le solicite a la fiscal Espinoza indicar las razones por las cuales se pidió la entrega voluntaria de sus equipos.
El tribunal supremo declaró infundado el recurso de apelación de Benavides, que tenía el fin de revocar la resolución que emitió Checkley Soria.
Los abogados de la exmagistrada demandaban que se precise el tipo de información que se extraerá, por ejemplo, registro de llamadas telefónicas, mensajes de texto, contenido de aplicativos como WhatsApp, chats, llamadas vía aplicativo, archivos de imagen, audio y video, etc.
Asimismo, especificar las fechas de las comunicaciones que se solicitan extraer, además, identificar las comunicaciones puntuales entre Patricia Benavides con personas identificadas.
La defensa legal de la exfiscal de la Nación consideran que estas precisiones son necesarias, con el fin de evitar que se vulnere el derecho a la intimidad de Benavides.
Sin embargo, la sala presidida por el juez supremo César San Martin señaló que las precisiones que demanda la defensa de la investigada no son pertinentes, pues no se trata de un pedido fiscal de acceso a las comunicaciones; sino de una solicitud de entrega de celulares que, de concretarse, se habilitaría el registro, la conservación y la custodia del bien relacionado con el delito.
Además, dicho colegiado peruano recordó que el Ministerio Público realizó este requerimiento debido a las declaraciones de Jaime Villanueva, exasesor de Patricia Benavides, quien dijo que la exmagistrada utilizó dos números telefónicos.
Según Villanueva, Benavides Vargas habría usado los números celulares para realizar comunicaciones presuntamente ilícitas vinculadas a los hechos descritos en la disposición de inicio de diligencias preliminares, por ese motivo, era necesario obtener los dispositivos móviles, con autorización u orden judicial, y así poder verificar dichas comunicaciones.
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