En una semana, el expresidente Pedro Castillo Terrones cumplirá siete meses detenido por el golpe de Estado que perpetró el 7 de diciembre de 2022.
Desde entonces, el exmandatario y su entorno se han encargado de empapelar la mesa de partes del sistema de justicia del Perú en un acto desesperado por conseguir su liberación. Sin embargo, su estrategia no ha tenido éxito en el Poder Judicial (PJ).
Y es que de acuerdo con información revisada por Correo, se han presentado al menos 15 recursos para dejar sin efecto el encarcelamiento e incluso, restituirlo en el poder, aunque todo ha sido desestimado.
Sus recursos van entre hábeas corpus, apelaciones, acciones de amparo, tutelas de derecho, casaciones y otros (ver infografía).
POR MONTONES
El 8 de diciembre de 2022, un día después del golpe, el Segundo Juzgado Constitucional de Lima, a cargo del juez Jonathan Valencia López, declaró improcedente el recurso de hábeas corpus que presentó Gregorio Parco en representación de la Federación Nacional de Abogados.
El recurso intentó, sin éxito, liberar al expresidente de la prisión preliminar bajo el argumento de que su detención fue arbitraria porque no se levantó su inmunidad.
Sin embargo, el juez consideró que se no acreditó la vulneración al derecho de la libertad de Castillo.
En febrero de este año, el Sexto Juzgado Constitucional de Lima, a cargo de Gisela Ocaña Chalco, rechazó el hábeas corpus que presentó la misma Federación de Abogados mencionaba con anterioridad.
El grupo no solo buscó liberar a Castillo, sino también restituirlo en sus funciones.
Al respecto, la magistrada Ocaña precisó en el escrito que la defensa de Castillo pretendía hacer uso de un recurso constitucional para intervenir en un proceso parlamentario. Como se recuerda, fue el Congreso el encargado de vacar a Castillo Terrones.
En el mismo sentido fueron declarados improcedentes otros recursos de hábeas corpus en Lima.
Al observar que su estrategia en la capital no tenía resultados, los defensores de Castillo optaron por acudir a las regiones.
Sus abogados presentaron un hábeas corpus en San Martín y tres en Junín, todos declarados improcedentes.
El objetivo era liberar a Castillo de los 18 meses de prisión preventiva en su contra por el golpe de Estado.
Además, se presentaron tres apelaciones: Una para anular los 18 meses de prisión por el golpe, una para anular los 36 meses de prisión que se ordenó contra Castillo por presuntamente liderar una organización criminal y una última anular la investigación en su contra por los hechos de corrupción en su gestión.
Se presentaron dos cuestiones previas, en primera y segunda instancia, a fin de anular la investigación contra Castillo por el delito de rebelión. Ambas fueron declaradas infundadas.
También se declaró infundada una tutela de derechos que presentó la defensa de Castillo, al cuestionar una supuesta violación al debido proceso.
Con el recurso pretendían eliminar la investigación por el delito de rebelión. Sin embargo, el juez Juan Carlos Checkley recordó en la resolución que el exmandatario Castillo conocía los cargos y los hechos que le imputaba la fiscalía, así como su grado de participación, por lo que no podía alegar que sus derechos fueron afectados.
MÁS
Los recursos del expresidente Castillo no solo fueron rechazados en una primera o segunda instancia, sino que también llegaron a la Corte Suprema
Un recurso de casación contra las resoluciones judiciales que dispusieron su prisión preventiva por 18 meses por el golpe, fue rechazado.
La Sala precisó que el proceso de investigación en contra del exjefe de Estado se tramitó dentro de las reglas del proceso, previsto en el Código Procesal Penal.
Un recurso a favor del exmandatario se resolvió ayer. Se trata de la excepción de improcedencia de acción que planteó su defensa legal con el objetivo de archivar la investigación en su contra por el delito de rebelión.
La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso al considerar que Castillo no solo es procesado por el hecho de haber sido presidente o leer un mensaje, sino porque con ese mensaje “habría acordado la inconstitucional disolución del Congreso y la instauración de un estado de excepción en el Perú”.
Cabe precisar que el expresidente tiene pendiente la resolución de una acción de amparo que presentó contra el Congreso.
Una vez más, intenta anular la vacancia y ser restituido en el cargo.
La audiencia se realizó el viernes 23 de junio. Si bien Castillo estuvo presente de manera virtual desde el penal de Barbadillo, el presidente de la Sala, Fernando Paredes, rechazó darle el uso de la palabra.
ANÁLISIS
El abogado penalista Andy Carrión consideró que el expresidente y su entorno pueden continuar presentando una serie de recursos ante el sistema de justicia, sin embargo, todos serán rechazados.
“Ya la Corte Suprema ha tomado una posición respecto al hecho de haber sido imputado por el delito de rebelión, ya se ha dicho que está bien. Entonces, los recursos en los que cuestione su inhabilitación no van a llegar a ningún puerto”, indicó.
En diálogo con Correo, el letrado señaló que Castillo puede interponer otros recursos porque no tiene ningún impedimento para hacerlo.
Por el contrario, Carrión mencionó que así se evidencia que el sistema de justicia en el Perú respeta sus derechos.
Respecto a la estrategia de los abogados de Castillo para obtener su libertad, el penalista consideró que la mejor estrategia no es presentar todos los recursos que la ley permita.
“Cuando se tiene tantos abogados y cada uno se atribuye una responsabilidad, hay varias estrategias. Presentan tantos recursos que en el fondo no le favorecen, porque cada uno presenta lo que cree conveniente. Al final, no hay un solo éxito para exhibir desde su defensa”, comentó.
Precisamente, desde que Castillo se encuentra en prisión, ha tenido un gran número de abogados aunque algunos lo dejaron en el camino. Lo cierto es que el total asciende a 18 letrados.
Se trata de Aníbal Torres (expremier), Víctor Pérez Liendo, Ronald Atencio, Raúl Noblecilla, Ítalo Díaz, Paulino Loa Gamboa, María Adriano Guzmán, Miguel Pérez Arroyo, Paulino Loa Gamboa, Sandro Balvín y Jhans Ventura (defensor público).
También aparecen Wilfredo Robles, José Luis Peña Julca, Eduardo Pachas, Guillermo Olivera, Walter Ayala (exministro de Defensa), así como los argentinos Eugenio Zaffaroni y Leonardo Croxatto.
