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El congresista Juan Burgos (Avanza País) presentó un proyecto de ley que tiene como objetivo modificar el artículo 117 de la Constitución Política del Perú a fin de que un presidente de la República-que podría ser Pedro Castillo- pueda ser investigado durante su mandando presidencial y acusado constitucionalmente por cerrar el Congreso y actos de corrupción.
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“El presidente de la República puede ser investigado y acusado, durante su periodo, por la comisión de delitos de: traición a la Patria, terrorismo, violación de la libertad sexual, feminicidio, organización criminal, cohecho pasivo propio e impropio, cohecho activo transnacional, cohecho activo específico, negociación incompatible o aprovechamiento indebido de cargo, tráfico de influencias o enriquecimiento ilícito”, se indica en la propuesta legislativa.
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Asimismo, el jefe de Estado, durante su periodo, puede ser “acusado por la comisión de infracciones constitucionales” por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución.
En esa línea, se agrega que puede ser acusado en casos donde elija a ministros para producir una crisis política, interferir en las actividades del Poder Judicial, Ministerio Público o Tribunal Constitucional, realizar graves violaciones a los tratados internaciones de los que el Perú es parte, expedir Decretos de Urgencia que contengan materia tributaria, aprobar operaciones de endeudamiento interno o externo del Estado fuera del marco de la ley.
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“Aprobar la Ley Anual de Presupuesto sin partida destinada al servicio de la deuda pública, aprobar tributos referidos a beneficios o exoneraciones sin haberse recibido el informe previo del Ministerio de Economía y Finanzas, negarse a la remisión de la Cuenta General de la República dentro del plazo señalado en el artículo 81 de la Constitución, disponer el ingreso de las Fuerza Armadas y de la Policía Nacional en el recinto del Congreso sin la autorización del presidente del Congreso, gestionar intereses propios o de terceros, intervenir en la dirección o gestión de empresas o asociaciones privadas y decretar estado de emergencia o estadio de sitio por un plazo indeterminado o fuera del plazo establecido en la Constitución”, se acota.
