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La situación legal y política del presidente de la República, Pedro Castillo, se complica cada día más, tras conocerse que tuvo reuniones clandestinas con empresarios y funcionarios del Ejecutivo en una casa en Breña.
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Al respecto, el penalista Felipe Salas sostuvo que las citas de Castillo fuera de Palacio tienen suficiente fundamento jurídico para que el Ministerio Publico inicie una investigación preliminar de oficio contra todas las personas comprometidas, que implica a los empresarios y funcionarios públicos comprometidos.
“Sería por la presunta comisión el delito de colusión agravada, siendo el motivo principal que dentro de esas reuniones se menciona ha habido representantes de empresas que habría o podrían haber ganado licitaciones públicas con Estado Peruano”, sostuvo a Correo.
Asimismo, dijo que dichos elementos son motivos suficientes para que se inicie una exhaustiva investigación.
“Conforme lo menciona la jurisprudencia nacional, para aperturar una investigación preliminar solo se requiere un nivel de sospecha simple sobre la comisión de un delito”, alegó.
En esa línea, Salas dijo que otro de los delitos que podría haberse suscitado, a raíz de las reuniones, es el de tráfico de influencias, ya que hay personas del rubro empresarial teniendo reuniones extraoficiales con los más altos funcionarios del Ejecutivo.
“Por lo que cual también amerita la apertura de investigación preliminar por este delito a efectos de ver como se dio el contexto de estar reuniones y quienes abrían influenciado para que se realice”, señaló.
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Cabe destacar que, desde la Procuraduría General del Estado, a cargo de Daniel Soria, se ha solicitado “con carácter urgente” al secretario general de Palacio, Carlos Jaico, información sobre las reuniones del jefe de Estado.
Por su parte, la Contraloría General de la República ha iniciado una investigación para verificar “las contrataciones y/o adjudicaciones” de Provías Descentralizada de las empresas vinculadas a Karelim López, una persona que asesora una constructora que ganó una licitación por más de 232 millones de soles.
Desde la óptica del especialista en temas parlamentarios, César Aliaga, las reuniones del mandatario no cumplen con los requisitos y protocolos de transparencia plasmado en la ley, más aún “cuando el jefe de Estado sabe que existe una Comisión Investigadora en el Congreso sobre esta materia”.
“En el plano político puede ser tomado como un desdén de la decisión del Congreso de investigar estos hechos que considera de interés público. En tal sentido, cabría que se invite a informar o se interpele a los ministros que han sostenido este tipo de reuniones y a la presidenta del Consejo de Ministros, quien es la responsable política del Gobierno”, alegó.
Para Aliaga, el Congreso podría aprobar que se amplíe las facultades de la citada Comisión Investigadora para que también indague sobre estas nuevas reuniones. “Esta situación podría hacer que más bancadas apoyen la admisión de la moción de la vacancia”, dijo.
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Precisamente, se ha conocido que legisladores de varias bancadas apoyarán la admisión de vacancia contra Pedro Castillo, pese a que inicialmente se opusieron. Entre ellos se encuentran: Roberto Chiabra, Gladys Echaíz , Lady Camones (APP), Kira Alcarráz (Somos Perú) y Carlos Anderson (Podemos)
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