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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso aprobó, por mayoría, el informe final que recomienda acusar a Pedro Castillo, expresidente de la República y actualmente en prisión, por el presunto delito de organización criminal (líder), colusión y tráfico de influencias agravado.
También se aprobó la acusación contra Juan Silva, exministro de Transportes y Comunicaciones, por el presunto delito de organización criminal y colusión, así como a Geiner Alvarado López, exministro de Vivienda, por el presunto delito de organización criminal.
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La denuncia constitucional número 307 fue presentada por la fiscal de la Nación, Patricia Benavides y el informe sustentado por el legislador Diego Bazán (Avanza País), ponente de dicho caso. Tras las aprobación del informe, este deberá ser aprobado por la Comisión Permanente.
La denuncia presentada por el Ministerio Público recoge los casos de la irregular licitación por el Puente Tarata III, así como el de Yenifer Paredes y “Petroperú”, donde se habría pagado un soborno de 30 mil soles para nombrar a Hugo Chávez como gerente general de esa entidad, así como los hechos sobre licitaciones irregulares de obras en el Ministerio de Transportes.
“Hemos hallado muy graves y reveladores indicios de la existencia de una presunta organización criminal enquistada en el gobierno con la finalidad de copar controlar y direccionar los procesos de contrataciones en los diferentes estamentos del Estado para obtener ganancias ilícitas”, indicó en su momento fiscal de la Nación, Patricia Benavides.
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Durante el debate, congresistas de bancadas vinculadas al expresidente Castillo indicaron que este no tuvo el derecho de contar sus descargos, así como los otros involucrados. Al respecto, la titular de la Subcomisión, Lady Camones (Alianza para el Progreso), señaló que el abogado del exmandatario renunció, pero que existe la opción de que ejerza su defensa ante la Comisión Permanente o en el pleno del Congreso.
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