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Desde la bancada de Perú Libre, a través de un proyecto de ley presentado por la legisladora Margot Palacios, buscan que el Congreso de la República apruebe una iniciativa que conceda la amnistía a ronderos urbanos, así como campesinos, que han sido sentenciados por delitos de extorsión hasta homicidio.
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La propuesta también alcanza a autoridades y miembros de pueblos indígenas u originarios, así como comunidades nativas y campesinas. Según el objeto de la ley, se busca que los beneficiados dejen de ser investigados o procesados por “haber ejercido su autonomía y funciones jurisdiccionales”.
BENEFICIO
El beneficio de la amnistía, según la propuesta, aplica a “cualquier ilícito penal” como la tenencia ilegal de armas de fuego, secuestro, extorsión, coacción, usurpación de funciones u otros hechos originados “en aplicación de su derecho consuetudinario, con ocasión de resolver todo tipo de conflictos o controlar hechos dañinos dentro de su ámbito territorial”, el cual alcanza al delito de homicidio.
La aplicación de la norma se dará para las personas que hayan cometido los delitos desde el 17 de diciembre del 2001 hasta la fecha de la promulgación de esta.
“El Poder Judicial y el Ministerio Público, según corresponda, en el día y bajo responsabilidad, dejan sin efecto, en el estado en que se encuentren, las denuncias, procesos judiciales, sentencias condenatorias, cualquier otra medida cautelar personal o real, o cualquier tipo de reparación civil, que involucren a las personas comprendidas en el artículo precedente, disponiéndose el archivamiento definitivo de los procesos”, se detalla.
En esa línea, se indica que, en el mismo acto de archivamiento, se dispondrá la inmediata libertad los que estuviesen recluidos y con sentencia condenatoria ejecutada o en ejecución. “En ambos casos, se dispondrá igualmente la anulación de los antecedentes policiales, judiciales y penales de las personas beneficiarias”, precisa.
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El beneficio de la amnistía no alcanza a aquellos que hayan sido condenados por delitos contra la humanidad, terrorismo, narcotráfico, delitos contra la libertad sexual, en calidad de autores o partícipes.
ANÁLISIS.
Para el especialista en temas legislativos, César Aliaga, el proyecto de ley resulta preocupante y constituye una clara muestra de la poca o nula preparación de determinados congresistas, así como de sus equipos técnicos, que son los llamados para asesorarlos en materia jurídica y política “para que presenten iniciativas idóneas que sumen al país y no este tipo de mamotretos que representan un peligro para la Nación”.
“Resulta inconstitucional por vulnerar diversos principios, derechos y libertades que se pretenda brindar una amnistía total por toda clase delitos gravísimos, que van desde el homicidio hasta la extorsión, a un determinado grupo de personas bajo el argumento arbitrario de su simple condición de ronderos o comuneros. Esto pone en peligro a la sociedad peruana en general, quienes podrían ser víctimas de cualquier tipo de agresión o violación de sus derechos. Es una carta libre para delinquir.
Para Aliaga debería hacer una reforma al Reglamento del Congreso para que se sancione en la Comisión de Ética o administrativamente, según corresponda, “a los congresistas y asesores que elaboran y/o suscriben este tipo de proyectos que son manifiestamente violatorios de derechos fundamentales”.
Por su parte, el penalista Felipe Salas calificó la iniciativa como una “aberración jurídica”, debido a que busca generar impunidad por delitos gravísimos cometidos por un solo grupo de personas.
“Es una ley que resulta ser muy peligrosa para la seguridad ciudadana de todo el país, ya que los ronderos y comunidades campesinas no solo se encuentran en zonas aledañas o rurales, sino también en las ciudades como son las rondas urbanas a los cuales específicamente en el propio proyecto se les genera impunidad total para delitos gravísimos”, dijo a Correo.
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Incluso, el abogado consideró que el proyecto de ley la parlamentaria de Perú Libre propiciaría la creación de grupos para militares a favor de una fuerza política, los mismos que serían una fuerza frontal o de choque, “tal cual sucede en Venezuela con los llamados Colectivos Chavistas”.
DESCARGOS.
Desde el despacho de la parlamentaria Margot Palacios nos indicaron la iniciativa busca beneficiar a autoridades, miembros de pueblos indígenas, comunidades y ronderos injustamente perseguidos.
“El derecho a la jurisdicción especial, indígena u originaria, y el derecho a contar con un sistema jurídico propio son reconocidos por instrumentos internacionales, pero en el Perú no está ocurriendo eso, las autoridades y miembros de los pueblos originarios están sufriendo una injusta criminalización y esto debe ser reparado”, alegó la parlamentaria a través de una asesora de su despacho.
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En esa línea, lamentó que los órganos encargados de velar por el respeto de la jurisdicción especial y de los “sistemas jurídicos propios”, como el Poder Judicial, el Ministerio Público o el Tribunal Constitucional, no han cumplido su labor a cabalidad “en ninguna instancia, salvo en reconocidas excepciones”.
