A partir de este martes 19 de noviembre, el Poder Judicial solicitó la ubicación y captura nacional e internacional de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, luego de que dictaran 36 meses de prisión preventiva en su contra.
Como se sabe, Boluarte Zegarra no estuvo presente presencial o virtualmente a la audiencia del último lunes. Incluso su abogado Luis Vivanco, le indicó al juez Richard Concepción Carhuancho que no podía contactarse con él ni ubicarlo.
El magistrado determinó que el hermano de la mandataria no acreditó arraigo domiciliario ni laboral, eso representa un riesgo para las investigaciones en dicho caso.
Asimismo, la resolución se establece que se notifique a Requisitorias a nivel nacional como a Interpol a nivel internacional.
Además, el plazo de prisión preventiva contra Boluarte iniciaré cuando sea capturado.
Cabe mencionar que la orden de prisión preventiva también fue impuesta contra Jorge Ortiz Marreros, exdirector general de la Dirección General de Gobierno Interior del Mininter; así como contra Jorge Chingay Salazar, amigo de Nicanor Boluarte, y Zenovia Griselda Herrera Vásquez.
Poder Judicial dicta 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte
El juez Richard Concepción Carhuancho dictó 36 meses de prisión preventiva contra Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta Dina Boluarte, y tres investigados más por el caso Los Waykis en la Sombra.
Se les acusa de presuntos delitos como organización criminal y tráfico de influencias. La medida se basó en pruebas y actos obstruccionistas durante la investigación.
Como se sabe, el 21 de agosto, el Poder Judicial convocó a una audiencia para evaluar el pedido de la Fiscalía en contra de los integrantes de la presunta organización criminal que habría utilizado a prefectos y subprefectos para lograr la inscripción del partido Ciudadanos por el Perú.
Además de Nicanor, el requerimiento de prisión incluye a Mateo Castañeda (exabogado de Dina Boluarte), Jorge Ortiz Marreros (exdirector general de Gobierno Interior), Zenovia Herrera Vásquez (encargada de proponer prefectos y subprefectos), así como los hermanos Jorge y Noriel Chingay Salazar, los que presuntamente se habrían encargado de exigir el dinero a cambio de nombramientos en Cajamarca.
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