La ley que acorta los plazos de la colaboración eficaz aprobada por el Congreso y que tiene pendiente el visto bueno del poder Ejecutivo, ha entrado en el debate público en las últimas semanas, pues algunos expertos refieren que la norma podría afectar los procesos de colaboración en casos de corrupción y crimen organizado.
Y si bien el actual Parlamento fue el encargado de dar luz verde al texto, el origen de la propuesta se remonta al 2020. De acuerdo con información revisada por Correo, la iniciativa nació de la bancada de Podemos Perú, grupo parlamentario que dirigía el entonces congresista José Luna Morales.
El podemista es investigado por integrar la presunta organización criminal (antes llamada) ”Los Gángsters de la Política” que lideraría su padre José Luna Gálvez, hoy congresista de la República.
Precisamente, la investigación inició en 2019 pero tuvo mayores alcances gracias a la confesión de un aspirante a colaborador eficaz.
ORIGEN
La historia de la polémica ley es la siguiente. El 6 de noviembre de 2020 a las 11:43 a.m., ingresó a la mesa de partes del Congreso un proyecto de ley de la congresista María Teresa Cabrera de Podemos.
El texto proponía modificar los artículos 473, 476-A y 481-A del Código Procesal Penal, referidos al proceso especial por colaboración eficaz.
“El plazo, desde la solicitud hasta la celebración del Acuerdo de beneficios y colaboración eficaz o su denegación, será máxima de 4 meses con una prórroga de 60 días”, señalaba la propuesta.
El proyecto que planteó Podemos en el 2020 establecía un plazo mucho menor para cerrar los acuerdos de colaboración, porque el aprobado recientemente por el Congreso plantea un máximo de ocho meses, más una prórroga de cuatro meses en casos comunes y otra de ocho meses si la investigación involucra delitos de crimen organizado.
En aquella ocasión, el texto fue aprobado en el Pleno del Congreso el 16 de julio de 2021 con los votos de las bancadas de Acción Popular, Alianza para el Progreso (APP), Fuerza Popular, Unión por el Perú (UPP) y Podemos.
Pocos antes de dejar el cargo, el entonces presidente Francisco Sagasti, observó la autógrafa.
Entre las observaciones planteadas, el Ejecutivo precisó que la introducción de un plazo en el procedimiento de colaboración eficaz resultaba contraproducente, en especial, respecto a los procesos complejos como los de criminalidad organizada.
“El procedimiento (de colaboración) cuenta con seis etapas, el plazo otorgado es general y no considera las dificultades que podrían presentarse, ni se ha sustentado adecuadamente el plazo planteado”, indicó.
Sostuvo que la extensión de las diligencias forman parte de una etapa de corroboración y todo dependerá de los elementos que el colaborador vaya aportando.
Además, recordó que en el artículo VII del Título Preliminar del Código Procesal Penal se establece que la ley procesal penal es de aplicación inmediata, incluso al proceso en trámite y es la que rige al tiempo de la actuación procesal.
“Estando ante una norma que busca establecer aspectos procesales sobre la colaboración eficaz lo propuesto por la autógrafa no solo perjudicaría futuras posibilidades de acuerdos de colaboración, sino que actuaría directamente contra los procesos que ya se encuentran en trámite”, argumentó en su observación.
Tras la respuesta del Ejecutivo, el texto fue enviado a la Comisión de Justicia. Sin embargo, debido a que el período legislativo había concluido, el documento fue enviado al archivo.
Así lo estableció un acuerdo del Consejo Directivo el 18 de agosto de 2021.
AYUDA
A pesar de que el proyecto fue archivado, el actual Congreso retomó la propuesta.
Fue Eduardo Salhuana, vocero de APP, quien presentó un oficio para que la norma fuera tomada en cuenta en setiembre de 2021.
En esa época, la exprocuradora anticorrupción Katherine Ampuero se desempeñaba como asesora del grupo parlamentario APP.
En la actualidad, defiende la propuesta que aprobó el Parlamento mediante sus redes sociales.
“El Congreso no está modificando los plazos de la colaboración eficaz ya que estos no existen. Lo que están haciendo es señalar un plazo de duración como parte del debido proceso”, escribió en Twitter el 2 de julio.
Es así que la Comisión de Justicia que en ese momento tenía como presidenta a Gladys Echaíz, puso a consideración solicitar la actualización de la autógrafa observada un 8 de setiembre de 2021.
“Se ha generado una desviación de la ley que es necesario corregir. En algunos casos hay colaboradores que ya no se les aprueba su condición y han pasado a ser una especie de informantes, cosa que hay que analizar”, afirmó.
Al ser sometido a votación, se aprobó por unanimidad pedir la actualización del proyecto.
Al día siguiente se envió un oficio a la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, con el requerimiento.
Y posteriormente, el caso fue enviado al Consejo Directivo (CD) que respondió favorablemente.
Es así que el 18 de octubre de 2021, el CD actualiza el proyecto y le asigna un número diferente.
Todo el proceso antes mencionado permitió que el Congreso hoy haya aprobado la ley que limita la colaboración eficaz y que al cierre de esta edición todavía no ha sido observada por la presidenta Dina Boluarte.
¿INTERÉS?
Tal como se mencionó, la propuesta nació de una de las congresistas de Podemos. Sin embargo, el documento lleva la firma de sus integrantes, incluido el exlegislador José Luna Morales.
Dos meses antes de que se presentara la iniciativa, se conoció que Miguel Ángel Torres Reyna, exasesor del desactivado Consejo Nacional de la Magistratura y colaborador eficaz, contó ante la Fiscalía cómo fue la inscripción del partido Podemos de José Luna Gálvez, padre del entonces legislador José Luna Morales.
Según un informe periodístico, Miguel Torres entabló una amistad con José Cavassa en 2017. Este último es investigado por sus presuntos vínculos con “Los Cuellos Blancos”.
En febrero de ese año se tenía previsto que el CNM nombre al nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y Cavassa ya tenía a su candidato: Adolfo Carlo Magno Castillo Meza.
Este obtuvo un bajo puntaje en el examen y en la evaluación de su currículum. Sin embargo, Cavassa le pidió a Torres que apoye esa elección mediante un informe y, finalmente se logró la elección de Adolfo Castillo como jefe del organismo electoral.
“Podemos nace producto de esa elección de ese jefe de la ONPE”, relató el colaborador eficaz.
Correo intentó contactarse con el actual legislador José Luna Gálvez para recoger su opinión sobre la propuesta que impulsó su hijo en medio de una investigación contra ambas, pero no obtuvimos respuesta.
