PJ ordena devolver 67 bienes electrónicos a Martín Vizcarra por caso ‘Los Intocables de la Corrupción’. Foto: GEC / Jesús Saucedo
PJ ordena devolver 67 bienes electrónicos a Martín Vizcarra por caso ‘Los Intocables de la Corrupción’. Foto: GEC / Jesús Saucedo

El juez supremo Juan Carlos Checkley dispuso la devolución de 67 bienes electrónicos al expresidente Martín Vizcarra, incautados durante los allanamientos realizados en marzo en sus viviendas de Lima y Moquegua.

La decisión responde a una solicitud de la defensa legal del exmandatario en el marco de la investigación preliminar por el caso ‘Los Intocables de la Corrupción’.

La medida fue adoptada tras determinarse que la finalidad de la incautación, consistente en la extracción de información digital de los dispositivos, ya se había cumplido.

Durante la audiencia realizada el 4 de octubre, la Fiscalía reconoció que de los 68 bienes incautados, se logró extraer información de 66, mientras que dos dispositivos, incluido un iPhone, aún no han sido procesados en su totalidad.

El juez Checkley destacó que la custodia de los datos digitales es suficiente para el esclarecimiento de los hechos investigados, por lo que no resulta necesario retener los dispositivos físicos.

Además, subrayó que el derecho a la propiedad, consagrado en el artículo 70° de la Constitución, debe prevalecer, especialmente cuando no se ha cuestionado la legitimidad de la propiedad de los bienes ni se ha identificado algún riesgo asociado a su devolución.

En consecuencia, se ordenó que el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales de la Fiscalía de la Nación devuelva los dispositivos al expresidente y a su familia. Sin embargo, se excluyó de esta decisión el mencionado iPhone, cuyo análisis sigue pendiente.

La investigación a Vizcarra se centra en presuntos lobbies ilícitos para apropiarse de recursos del Estado mediante contrataciones públicas fraudulentas en Provías Descentralizado, según la versión de colaboradores eficaces. Además, el expresidente enfrenta un juicio oral iniciado el 28 de octubre por presuntos actos de corrupción cometidos durante su gestión como presidente regional de Moquegua.

En ese caso, la Fiscalía ha solicitado una pena de 15 años de prisión por el presunto delito de cohecho pasivo propio en los proyectos Lomas de Ilo y el Hospital Regional de Moquegua.

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