Gustavo Adrianzén, presidente del Consejo de Ministros, anunció el lunes a la prensa extranjera que investigará las denuncias de abuso sexual a medio millar de estudiantes indígenas por parte de maestros en una región de la selva, en medio de la indignación contra dos ministros que trataron de soslayar el escándalo.
“Se tienen que investigar los hechos, vamos a estar con las víctimas. Rechazamos toda forma de abuso sexual”, dijo el premier Alberto Adrianzén. “Las víctimas tendrán que recibir atención integral de salud a nivel psicológico y por si han sido contagiadas por el virus del VIH”, agregó.
Niñas y adolescentes
Los abusos y violaciones se remontan al 2010, afectando a niñas y adolescentes de la etnia nativa Awajún que estudian en escuelas públicas de la provincia Condorcanqui en la selva norte de Perú, cerca a Ecuador. Se desconoce las edades.
“Los casos que se denuncian son 524, se trata de niños y niñas(...) pido a las autoridades que vayan al lugar, esto es un holocausto”, aseguró a la radio RPP la presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, Rosemary Pioc.
La dirigente ya había revelado los casos el 30 de mayo, cuando acudió a las autoridades educativas. Sin embargo, la reacción de algunos ministros que atribuyeron los abusos a “prácticas culturales” despertó indignación en la población.
“Si es una práctica cultural (...) para ejercer una forma de construcción familiar con las jovencitas, vamos a ser muy prudentes, pero también vamos a exigirle una respuesta a la comunidad”, dijo el fin de semana el ministro de Educación, Morgan Quero.
La ministra de la Mujer, Ángela Hernández, atizó la hoguera cuando indicó que “se trata, efectivamente, de prácticas culturales que debemos desterrar”, tras lo cual les recomendó postergar las relaciones sexuales o hacerlas bajo protección.
“Decir que se trata de prácticas culturales es avalar estas acciones (...) La violación no es una práctica en nuestra comunidad”, replicó este lunes la dirigente nativa.
Según Pioc “se trata de hechos cometidos en los últimos 14 años en albergues (residencias) estudiantiles”.
Por estos casos hay 111 profesores separados del aula, 72 absueltos y cuatro cesados temporalmente, agregó.
En relación al caso la Defensoría del Pueblo, exhortó el lunes a las autoridades a “dar a conocer las acciones” a favor de las víctimas y pidió “la separación inmediata de los docentes”.
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