Glademir Anaya

El congresista Alfredo Pariona () presentó un que busca derogar la facultad presidencial para otorgar . De esta manera se busca derogar el inciso 21 del artículo 118 de la Constitución Política del Perú. Pero, ¿cuáles son los argumentos?

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De acuerdo a la exposición de motivos, el Perú -en los últimos años- vive una crisis de seguridad sin precedentes, caracterizada por el aumento sostenido de delitos violentos en el último año, el desarrollo del crimen organizado y la aparición de nuevas formas de criminalidad.

“Esta crisis delictual ha superado totalmente al actual Gobierno, que, a pesar de los múltiples llamados de la ciudadanía, ha omitido la implementación de políticas públicas adecuadas para enfrentar los altos índices de delincuencia”, se alega.

Asimismo, la iniciativa alega que el expresidente Alan García Pérez liberó durante su segundo gobierno a más de tres mil presos por narcotráfico agravado, que “es la mayor excarcelación de ese tipo que se conozca en el mundo y que justificó su decisión apelando a la piedad cristiana para dar a los reos una segunda oportunidad y aliviar la sobrepoblación carcelaria en Perú”.

“Los ‘narcoindulto’, como se conoce localmente a la reducción de condenas a favor de narcos, se han convertido en enormes problemas. Es de recordar que funcionarios de su segundo gobierno enfrentan juicios acusados de montar una red criminal para sacar a los presos de la cárcel a cambio de dinero”, señala el proyecto.

También se recuerda el indulto al expresidente Alberto Fujimori Fujimori, oficialmente denominado “indulto y derecho de gracia por razones humanitarias”, que fue un beneficio concedido el día 24 de diciembre de 2017 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski.

“En el año 2009, el expresidente Fujimori había sido condenado por violaciones de derechos humanos y sentenciado a veinticinco años de prisión por su papel en las masacres cometidas por el escuadrón de la muerte Grupo Colina durante la guerra de su gobierno contra el grupo terrorista Sendero Luminoso. El veredicto marcó la primera vez que un jefe de estado electo fue extraditado a su país de origen, juzgado y condenado por violaciones de derechos humanos siendo específicamente encontrado culpable de asesinato, daños corporales y dos casos de secuestro”, se acota.

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A juicio del legislador, esta iniciativa surge como consecuencia de un problema de exceso y abuso de las atribuciones de expresidentes y cuando “otorga un indulto particular a un condenado, sé trata propiamente de una intromisión política en la función jurisdiccional”.

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