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El Partido Morado, día atrás, presentó un proyecto de ley para que un presidente de la República pueda ser acusado por los delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios con el objetivo de que el Congreso no acuda necesariamente a la figura de vacancia por incapacidad moral. Sin embargo, según especialistas, la iniciativa tendría vacíos jurídicos que podrían beneficiar al mandatario.
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“En ese sentido, el actual diseño constitucional y la práctica parlamentaria nos llevan a una situación desproporcionada donde vacar a un presidente de la República es más fácil que sancionar constitucionalmente a un Congresista o censurar a un ministro”, alegan desde la agrupación Morada.
Cabe destacar que el artículo 117 de la Constitución contempla que un jefe de Estado solo puede ser acusado, durante su gestión, por los delitos de traición a la patria, disolver el Congreso, además de impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales.
ANÁLISIS.
Para el penalista y especialista en temas parlamentarios, César Aliaga, el proyecto de ley tendría como fin “evitar” los procesos de vacancia por incapacidad moral por actos de corrupción bajo la premisa de que el presidente de la República primero sea condenado judicialmente.
“La vacancia es una valoración ética – política, por lo que no requiere condena judicial. Por ejemplo, ¿qué pasaría si hay un video donde el presidente está cometiendo un asesinato o vinculado a hechos de violación sexual o narcotráfico? Bajo la lógica de este proyecto ley, tendríamos que esperar cinco años para que termine su mandato y recién sea juzgado, ya que estos delitos no se encuentran dentro de su propuesta de modificación del artículo 117 de la Constitución”, explicó.
Para Aliaga, la iniciativa es un proyecto que persiste en mantener una “prerrogativa desfasada” que tiene como lógica evitar las persecuciones penales por “venganza política”.
“Eso actualmente está descartado ya que el Poder Judicial y el Ministerio Público son órganos constitucionalmente autónomos. Por tanto, todas las personas deben afrontar sus procesos penales. Solo así se combate la corrupción y se maximiza el control y supervisión de los gobernantes por parte de la sociedad”, dijo.
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Desde la óptica del especialista, lo correcto es eliminar “todo tipo de inmunidades para los altos funcionarios” y, de esa manera, terminar con los blindajes.
Para el constitucionalista Aníbal Quiroga, el proyecto del Partido Morado tendría como fin, de manera indirecta, dejar sin contenido el artículo 113 de la Constitución, referida a la vacancia presidencial.
“Solo quieren vincular a una acusación hechos de corrupción. Hay un viejo principio donde se indica que no se puede hacer vía indirecta lo que la ley prohíbe de manera directa”, explicó.
Asimismo, indicó que el artículo 117 de la Constitución refiere al antejuicio político que deberá ser discutido en el Congreso.
“Se le acusa al presidente de organización criminal, pero puede que el Congreso decida no levantarle la inmunidad y blinde al presidente. Al final, lo que parece una normal hecha para la corrupción podría terminar blindado a un mandatario”, señaló.
