Un total de 35 partidos políticos perderán su inscripción en el Registro de Organizaciones Políticas (ROP) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tras no superar la valla electoral en la primera vuelta de las Elecciones Generales 2026 (EG 2026).
A ellos se suma Acción Popular, que fue separado antes de tener un candidato presidencial.
En estos comicios, en los que los peruanos eligieron entre 37 organizaciones políticas, solo seis lograron asegurar la representación de sus bancadas.
Con el 79% de actas contabilizadas para senadores a nivel nacional, 88% en senadores regionales, 86% en diputados y 83% en el Parlamento Andino, estas son, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuerza Popular, Renovación Popular, Juntos por el Perú, el Partido del Buen Gobierno, el Partido Cívico Obras y Ahora Nación.
No pasan
De ese gran grupo de partidos perdedores en estas elecciones, hay varios que son considerados históricos para la vida política nacional. Entre ellos figura el Partido Aprista Peruano (APRA), fundado por el político peruano Víctor Raúl Haya de la Torre el 7 de mayo de 1924 en Ciudad de México.
En estas EG 2026, el APRA presentó a Enrique Valderrama como candidato presidencial.
En la elección al Senado, la agrupación alcanzó el 1.7% de los votos, mientras que en diputados solo llegó al 2%.
Otro caso es el del Partido Popular Cristiano (PPC), fundado por el exalcalde de Lima Luis Bedoya Reyes hace 60 años.
En estas elecciones, la agrupación integró la alianza Unidad Nacional, que llevó como candidato presidencial a Roberto Chiabra. En el Congreso, obtuvo 0.4% para el Senado y para diputados 0.6%.
Otro partido con trayectoria es Somos Perú, que fue fundado en 1995 por el ex burgomaestre de Lima Alberto Andrade Carmona. En estos comicios, llevó como candidato presidencial a George Forsyth.
En cuanto a votos para la Cámara Alta, el partido del “corazón” consiguió 1,2%, mientras que en la Cámara Baja tuvo apenas 1.7%.
Otro es Alianza para el Progreso (APP), creado por César Acuña Peralta en 2001 en la ciudad de Trujillo, que alcanzó 1.7% para senadores, mientras que para diputados obtuvo 1.2%.
Con APP, Acuña ha sido congresista, alcalde provincial de Trujillo, gobernador regional de La Libertad y hasta presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. “Solo me falta ser presidente”, expresó en alguna campaña.
Otros partidos con menos historia también tendrán que tratar de reinscribirse si quieren seguir existiendo. El Frente Popular Agrícola FIA del Perú (Frepap), fundado en 1989, no presentó plancha presidencial, pero tampoco alcanzó los votos necesarios en ninguna de las dos cámaras del Congreso.
De igual forma, Avanza País, fundado por Pedro Cenas Casamayor el 10 de abril de 2000, tampoco mantendrá su inscripción tras obtener para el Senado 0.5% y en diputados 1%.
Entre los otros 29 partidos que deberán iniciar nuevamente su proceso de inscripción figuran Perú Libre, Podemos Perú, el Partido Morado, Perú Moderno, País para Todos, Primero la Gente, Venceremos y Sí Creo.
En las actuales elecciones, la valla electoral exigía el cumplimiento de dos condiciones simultáneas: alcanzar al menos el 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección de la cámara correspondiente y obtener un mínimo de representación, equivalente a 3 senadores o 7 diputados.
Requisitos
Tras este fracaso, las organizaciones políticas que deseen inscribirse en el ROP nuevamente deberán cumplir con dos exigencias.
La primera está establecida en la Resolución N.° 345-2019-JNE, vigente según el JNE, que fija en 24,800 el número mínimo de afiliados para lograr la inscripción.
El partido deberá volver a acreditar el padrón requerido por la Ley de Organizaciones Políticas (LOP) y el Reglamento del ROP.
No obstante, desde 2024 se incorporó un nuevo requisito mediante la Resolución N.º 0051-2024-JNE.
Ahora se exige “la relación de adherentes en número no menor del tres por ciento (3%) de los ciudadanos que sufragaron en las últimas elecciones de carácter nacional”, lo que equivale a 531.412 ciudadanos.
Asimismo, se indica que las organizaciones políticas cuentan con un plazo de dos años, contados a partir de la adquisición de formularios, para recolectar las firmas de adherentes y presentar la solicitud de inscripción ante el JNE.
En este proceso, la responsabilidad penal por eventuales irregularidades en la recolección de firmas recae en la persona designada por la organización y en quien suscribe la hoja de adherentes.
Además, no podrán inscribirse aquellas agrupaciones cuyo ideario o programa promueva la destrucción del Estado constitucional de derecho.
Opinión
Al respecto, el especialista electoral José Manuel Villalobos señaló a Correo que, aunque en estas elecciones hubo numerosos partidos inscritos, “el sistema está diseñado para que solo unos cuantos accedan al Congreso, evitando una alta fragmentación”.
Asimismo, explicó que la solicitud de inscripción de un partido político debe estar acompañada de documentos como las actas de constitución de comités, el acta de fundación, el estatuto y el reglamento electoral.
También incluye la designación de representantes y personeros legales y técnicos (titulares y alternos), además de un tesorero titular y un suplente.
Hay, en este contexto, un aspecto preocupante. Villalobos advirtió que los partidos con representación en el actual Congreso que no han superado la valla electoral podrían intentar aprobar una ley para evitar la cancelación de su inscripción.
No obstante, el experto en derecho electoral José Tello señaló que ello no sería posible.
“No puedes aplicar una ley desde un año antes de la elección, por el principio de intangibilidad normativa. Para esta elección ya no se puede aplicar ninguna ley y ellos están muertos en vida”, afirmó a este Diario.
Tello advirtió que la institucionalidad atraviesa una situación crítica debido a que la reforma de 2019 fue “errática”.
Añadió que el sistema hace competir a los partidos para que “se queden, compitan y mueran”, una lógica donde “el más fuerte sobrevive y el débil desaparece”.
“No puedes hacer institucionalidad a punta de una pistola en la cabeza”, aseveró.
También cuestionó que la competitividad electoral como mecanismo para fortalecer la institucionalidad partidaria haya resultado “un fracaso”.
Señaló que hoy los partidos son percibidos como “máquinas electorales”, que funcionan como “buses” cargados de candidatos durante la campaña y luego pierden utilidad.
En ese sentido, propuso que las organizaciones se inscriban cumpliendo los requisitos legales, pero no estén obligadas a participar de inmediato en elecciones, a fin de consolidarse, formar cuadros y evitar la venta de candidaturas “como si fuese un mercado persa”.
Como ejemplo, mencionó el caso del APRA que pese a no superar la valla, existe y mantiene “todas las bases activas”, lo que demuestra que conserva presencia e identidad política.
“Incluso en una movilización de 25.000 personas, los apristas lograron movilizar gente”, resaltó.
