La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso dio cuenta de las denuncias presentadas contra los parlamentarios Edgar Tello y José Arriola, implicados en el caso ‘mochasueldos’, por el presunto delito de concusión.
En cuanto a Arriola Tueros, se le acusa de recortar el sueldo a siete trabajadores de su despacho, por dicha razón fue denunciado por el Ministerio Público el último 19 de agosto.
Esto se produce tras la revelación hecha en un reportaje del programa Punto Final, en el que Yolanda Cuya Llajaruna, exintegrante del equipo de Arriola, afirmó que el dinero recortado iba directamente a la cuenta bancaria del legislador. Además, Cuya confesó haber recibido órdenes para recolectar dichos montos, tarea que cumplió por temor a ser despedida.
La denuncia contra Arriola no es nueva. La Fiscalía de la Nación ya había presentado una acusación constitucional en su contra por la misma razón, estimando que el recorte total de las remuneraciones de al menos siete trabajadores alcanzaría los S/100 mil soles.
En el caso de Tello Montes, habría recortado sueldos y exigido a trabajadores de su despacho que asuman gastos por la entrega de bienes donados a favor de ollas comunes.
El Ministerio Público (MP) indicó que los hechos imputados se refieren específicamente a recortes en las remuneraciones de cuatro trabajadores de confianza del despacho congresal de Tello Montes, quien pertenece al partido Podemos Perú, aunque anteriormente formó parte de la bancada de Perú Libre y del Bloque Magisterial.
Según la fiscalía, Edgar Tello, en su rol como presidente de la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso durante el periodo 2022-2023, solicitó una donación de 8,000 dólares a la Oficina Económica de Taipéi.
Esta donación estaba destinada a proporcionar canastas con víveres y 50 cocinas equipadas a las ollas comunes y comedores populares de varios distritos de Lima Metropolitana, como ayuda humanitaria.
No obstante, el MP alega que, después de recibir la suma de dinero, Tello habría abusado de su cargo al obligar a los trabajadores de su despacho y de la comisión congresal a cubrir el costo de 27,800 soles (equivalentes a los 8,000 dólares donados) para cumplir con dichas entregas. Esta conducta, según la fiscalía, constituye un claro acto de concusión.
Además, la subcomisión dio cuenta de la denuncia constitucional presentada por Rudecindo Vega contra Dina Boluarte y la exministra de Vivienda, Construcción y Saneamiento Hania Pérez De Cuéllar.
Vega, quien fue separado de la Gerencia General del Comité Nacional de Administración del Fondo para la Construcción de Viviendas y Centros Recreacionales para los Trabajadores de Construcción Civil del Perú (Conafovicer) en abril de este año, presentó dicha denuncia por supuesta infracción a los artículos 2, 22, 23, 27, 139 de la Constitución y por el delito de abuso de autoridad.
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