El empantanado caso de corrupción que involucra a la exalcaldesa de Lima Susana Villarán tiene elementos que, reveladores o no, merecen ser recordados.
Entre estos hechos, están las fechas de entrega de dinero maculado por la campaña por el “No” a la revocatoria y cuyos detalles fueron narrados por sus propios protagonistas. Algunas de estas entregas, otorgadas a través de intermediarios, se realizaron a inicios de 2013.
Esta información suscita interés al ser contrastada con los llamativos viajes a Panamá, conocido paraíso financiero, que realizó Susana Villarán meses después de ocurridas estas presuntas entregas de dinero.
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Según el Ministerio Público, para las campañas de la exfuncionaria edil, se desembolsaron, en total, hasta 11 millones 293 mil 816.68 dólares por parte de tres constructoras.
La acusación recoge que en enero de 2013, dos meses antes de la “No revocatoria”, el exdirector y exrepresentante de Odebrecht, Jorge Barata y Raúl Pereira, respectivamente, se reunieron con el exgerente municipal José Miguel Castro. Este les pidió en ese encuentro –según confirmaron el propio Barata y Pereira– $3 millones para la citada campaña.
En cuanto a OAS, se precisa que la Adenda No. 1 del proyecto Línea Amarilla, que permitió ampliar la concesión de peajes de 30 a 40 años, fue firmada en febrero del mismo año. De ambas compañías, según la tesis fiscal, Villarán obtuvo hasta 10 millones de dólares. Sobre Graña & Montero, el testigo 145-2019 indica que hubo una reunión entre José Miguel Castro y los primos Hernando y José Graña.
En dicha cita, se añade, se acordó entregar S/600 mil, pero finalmente solo se concedió la mitad. La Fiscalía subraya que la “petición del dinero (a Odebrecht y OAS) se habría efectuado en el primer trimestre del 2013″.
“En dichas épocas, se suscribieron tanto el contrato de concesión del proyecto Vías Nuevas de Lima (Proyecto Rutas de Lima), como la Adenda No. 01 del Proyecto Línea Amarilla, las cuales beneficiaron a las empresas brasileñas”, anotan. Curiosamente, Villarán reporta viajes a Panamá ese mismo año 2013 y cuando el “No” había ganado.
Los viajes ocurrieron siete meses después de la campaña. Según su registro migratorio, Villarán viajó el 5 de octubre de 2013 a dicho país y volvió a dirigirse al mismo destino el 1 de noviembre. Regresó solo dos días después.
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Lentitud
Entre tanto, el caso más avanzado de Villarán avanza a paso de tortuga en su etapa intermedia.
El control de acusación se inició en mayo del año pasado, nueve meses después de formalizada la acusación de la Fiscalía. En la fase actual, será un juez el que decidirá si se inicia o no un juicio oral.
El fiscal José Domingo Pérez ha pedido 29 años de cárcel para Villarán por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos, falsedad genérica y falsa declaración en procedimiento administrativo.
La exalcaldesa es acusada de, presuntamente, recibir dinero maculado de las constructoras Odebrecht, OAS y Graña & Montero para dos de sus campañas electorales: la del “No a la revocatoria”, ocurrida en marzo del 2013; y la reeleción de Villarán en los comicios regionales y municipales de 2014.
A cambio, sostiene la hipótesis fiscal, la gestión de la entonces alcaldesa favoreció a estas compañías con distintos proyectos.
