La diputada por Ica, Verónica Yonz Núñez de Renovación Popular, presentó el Proyecto de Ley N.° 37-2026-2031-CD, que busca modificar la Ley de Aeronáutica Civil del Perú para exigir una vigilancia continua, basada en riesgo, sobre las empresas de transporte aéreo turístico y de aviación comercial no regular. La iniciativa llega semanas después del trágico accidente de una avioneta de Aerodiana en Nasca, que dejó 13 fallecidos. En entrevista con Correo, la parlamentaria explicó los alcances de su propuesta.
Este proyecto se presenta pocos días después del accidente de Aerodiana en Nasca. ¿Ya lo tenían preparado o lo redactaron a raíz de esta lamentable tragedia?
El accidente de Nasca fue el detonante inmediato que nos llevó a priorizar y formular esta iniciativa. Sin embargo, el proyecto no se ha elaborado de manera improvisada ni pretende establecer responsabilidades antes de que concluya la investigación técnica. Hemos revisado la Ley de Aeronáutica Civil, las Regulaciones Aeronáuticas del Perú y los estándares internacionales de seguridad operacional para identificar una brecha concreta.
La finalidad no es legislar únicamente para un caso particular, sino convertir una dolorosa experiencia en una mejora estructural que alcance al transporte aéreo turístico y a las operaciones comerciales no regulares en todo el país.
Ica ha registrado varios accidentes aéreos en Nasca a lo largo de los años. ¿Esta situación pesó en su decisión de priorizar este proyecto ahora que inicia la legislatura?
Sí, definitivamente. Representar a Ica implica conocer de cerca la importancia que tienen los vuelos turísticos sobre las Líneas de Nasca para la economía regional, pero también la preocupación de la ciudadanía frente a los accidentes ocurridos a lo largo de los años.
Por eso consideré necesario priorizar una iniciativa preventiva. Nasca recibe turistas nacionales y extranjeros atraídos por un patrimonio cultural de valor mundial, y el Estado tiene la obligación de asegurar que las condiciones que permitieron autorizar a un operador se mantengan durante toda su actividad.
También se han reportado accidentes graves con tubulares en Huacachina, con turistas heridos y hasta fallecidos. ¿Está evaluando presentar proyectos similares para otros rubros del turismo en la región?
Sí, se está realizando la evaluación técnica y legal. La seguridad turística debe abordarse de manera integral y no limitarse al transporte aéreo. En Huacachina y otras zonas de la región existen actividades de aventura que requieren controles adecuados sobre vehículos, conductores, rutas autorizadas, seguros y fiscalización municipal y sectorial. Estamos evaluando el marco normativo aplicable a los tubulares y a otras actividades de turismo de aventura.
Según el MTC, Aerodiana tenía certificación legal vigente al momento del accidente. Si la empresa ya cumplía con los requisitos formales de la DGAC, ¿en qué cambiaría concretamente su proyecto este escenario?
Tener una certificación vigente significa que el operador cumplió determinadas condiciones para obtenerla y conservarla, pero la certificación, por sí sola, no elimina todos los riesgos operacionales ni sustituye la supervisión permanente.
El proyecto busca precisamente cerrar esa distancia entre estar formalmente autorizado y demostrar, de manera continua, que las condiciones de seguridad se mantienen. La iniciativa no presume que Aerodiana incumplió las normas ni atribuye causas al accidente; eso corresponde exclusivamente a la investigación técnica.
Su proyecto también menciona inspecciones inopinadas como parte de la vigilancia. Si bien la DGAC ya tiene esa facultad, ¿cómo cambiaría esto en la práctica?
El proyecto no pretende desconocer que la DGAC ya puede realizar inspecciones inopinadas. El cambio consiste en incorporar esta herramienta dentro de un deber legal de vigilancia continua basada en riesgos: deja de ser solo una facultad general y pasa a formar parte de los componentes mínimos que deben considerarse sistemáticamente.
La propuesta no fija una frecuencia única porque no todos los operadores presentan el mismo riesgo. La ley establece el deber y los criterios; la autoridad técnica determina cuándo y cómo intervenir.
Según lo que plantea, esto no va a “demandar recursos adicionales al Tesoro Público”, pero ¿ha podido conversar con el sector para saber si podrán hacer estas inspecciones continuas sin necesidad de más presupuesto?
El proyecto ha sido diseñado para utilizar los instrumentos de supervisión, inspección y programación que ya existen en la DGAC. No crea una nueva entidad, unidad orgánica, plazas, registros ni fondos públicos. Su principal cambio es organizacional y normativo: priorizar los recursos de fiscalización según el riesgo, en lugar de aplicar la misma intensidad de control a todos los operadores.
¿Ha conversado con otras bancadas para sumar apoyo? ¿Qué reacciones ha recibido hasta ahora?
El proyecto se encuentra en una etapa inicial de presentación y socialización. Dentro de nuestra bancada existe una preocupación compartida por fortalecer la seguridad de los servicios turísticos y evitar que hechos como el ocurrido en Nasca vuelvan a repetirse. También iniciaremos el diálogo con representantes de otras bancadas y con los integrantes de las comisiones que deberán estudiar la iniciativa. Considero que la protección de la vida y la seguridad del turista no son asuntos de una sola agrupación política.
