El vocero de la bancada de Perú Libre, Waldemar Cerrón, presentó un proyecto de ley que establece que los fiscales provinciales mediante un “informe debidamente sustentado” consulten al fiscal superior determinar si el caso que investigan constituye o no uno de organización criminal. Según especialistas, esta iniciativa podría beneficiar a su hermano, quien viene siendo investigado por ese delito en el caso “Los Dinámicos del Centro”.
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“El fiscal superior nacional coordinaros de las Fiscalías Especializadas contra la Criminalidad Organizada absolverá las consultas en un plazo razonable que no puede exceder de 30 días. La consulta debe absolverse antes de la finalización del plazo de la investigación preliminar”, se indica.
ANÁLISIS:
Al respecto, el penalista Felipe Salas Zegarra señaló que la investigación preliminar tiene como fin realizar actos urgentes para determinar si los hechos materia de investigación han sucedido en realidad.
“Busca asegurar las evidencias e identificar a los posibles responsables. Por tanto, es absurdo que antes de culminar con esta etapa, el fiscal provincial cuente con los elementos necesarios para presentar ante el fiscal superior un informe debidamente sustentado para acreditar la existencia de una organización criminal”, sostuvo el abogado.
Desde la óptica del penalista, se le exige al fiscal provincial que emita un pronunciamiento de fondo sobre el delito, sin que haya tenido la oportunidad de investigar.
“Este proyecto de ley petardea la labor de la Fiscalía ya que en la práctica hace imposible que investigue a las organizaciones criminales. Es un proyecto de ley totalmente absurdo y cuestionable”, alegó.
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Por su parte, el especialista en temas parlamentarios, César Aliaga, señaló que resulta cuestionable que un congresista, cuyo hermano y círculo partidario están siendo investigados por organización criminal, presente un proyecto que obstaculiza la investigación de este delito.
“Este proyecto afecta la autonomía funcional de los fiscales para investigar los delitos de investigación criminal, ya que establece la exigencia absurda de que, sin haber tenido la oportunidad de investigar, deban presentar un informe sustentado sobre la configuración de este delito. Es decir, exige un pronunciamiento de fondo, sin que se haya investigado. Esto es claramente un imposible fáctico y jurídico”, alegó.
El especialista dijo que, de aprobarse este proyecto, se originaría la nulidad de todos los casos de organización criminal y los responsables saldrían libres.
“El Tribunal Constitucional ha señalado reiteradas veces que los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones, las que desempeñarán según su propio criterio. En los últimos años estamos viendo que diversos congresistas presentan proyectos de ley con fines subalternos y donde tienen conflicto de interés”, manifestó.
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Según Aliaga, urge que se cree un tipo penal para sancionar estas conductas, ya que se utiliza al Congreso para presentar o aprobar leyes que son “flagrantemente inconstitucionales y afectan la lucha contra la corrupción” o favorecen intereses particulares.
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