Un usuario de telefonía móvil tenía a su nombre más de 7.000 líneas que no reconoce haber contratado y que se detectaron como parte de una campaña de revisión de los registros de este servicio en el país, informó este miércoles el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel).
El organismo señaló que este “es solo uno de los casos encontrados durante una nueva revisión” que hizo del registro de las empresas operadoras, con el objetivo de identificar las líneas móviles que figuran a nombre de cada abonado, antes de pedir a estos que verifiquen si fueron contratadas con su consentimiento.
”Hemos detectado más de 80 casos de personas que tienen de 100 hasta más de 7.000 líneas móviles en los registros de las empresas operadoras. En algunos de los casos, los nombres no coinciden con los documentos de identidad consignados”, comentó al respecto el presidente ejecutivo del organismo supervisor, Rafael Muente.
El funcionario señaló que “con las respuestas que den” los usuarios sobre las líneas verificarán “si se trata de suplantaciones de identidad para la contratación de líneas móviles, trámites no actualizados o malos reportes de las empresas operadora”.
En 2022 las empresas Movistar, Claro, Entel y Bitel registraron cerca de 80.000 reclamos por contrataciones no solicitadas en el servicio móvil pospago y más de 10.000 “cuestionamientos de titularidad” en líneas prepagadas que en su mayoría, al parecer, fueron contratadas de manera ambulatoria, añadió el organismo.
Ese mismo año, tras un cotejo masivo del registro de abonados de las empresas operadoras con la información del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec) y de la Superintendencia Nacional de Migraciones, el Osiptel detectó más de cinco millones de registros con errores materiales y más de 400.000 con datos inconsistentes.
”De este último grupo, por disposición del Osiptel, más del 90 % de líneas fueron dadas de bajas, por no lograr la subsanación de los datos”, detalló Muente.
El presidente del Osiptel remarcó que la venta ambulatoria de chips de telefonía móvil, que aún se permite en el país, implica riesgos como el incumplimiento de las normas establecidas para la contratación del servicio.
Fuente: EFE
