Fachada de la sede corporativa de Telefónica en Las Tablas, Madrid EFE EFE/MARISCAL
Fachada de la sede corporativa de Telefónica en Las Tablas, Madrid EFE EFE/MARISCAL

El tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE) inhabilitó a la compañía Telefónica del Perú para contratar con el Estado peruano durante un periodo de 3 años.

Según se informó, esta medida fue comunicada por la misma Telefónica del Perú a través de un hecho de importancia de la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV).

“Telefónica del Perú S.A.A. (en adelante, “la Compañía”) informa que ha sido inhabilitada por el Tribunal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE para contratar con el Estado por un periodo de 36 meses”, señala.

“En opinión de la Compañía, esta medida no cuenta con los fundamentos adecuados que la sustenten por lo que se están evaluando las acciones legales a plantear con la finalidad de cuestionar la decisión”, agrega.

¿Por qué el OSCE inhabilitó a Telefónica?

La sanción fue porque, según indicó El Comercio, una persona que participó en un proyecto de este empresa con el Estado habría consignado información falsa sobre sus grados académicos. Esta fue despedida y denunciada.

“Telefónica cumplió con brindar de manera satisfactoria el servicio de conectividad requerido por el Ministerio de Trabajo y con todas las obligaciones establecidas en el contrato suscrito con dicha institución. El servicio brindado no produjo ningún perjuicio para el Estado peruano. El monto contratado con esta institución fue de 100 mil soles”, se explicó.

Contratos vigentes

De lado, Telefónica precisó que los contratos suscritos con las entidades públicas del Estado peruano que a la fecha se encuentran vigentes “no se verán afectados”.

“Dicha sanción solo impide que Telefónica del Perú S.A.A. pueda participar en nuevos proyectos con el Estado”, se puntualizó.

Tomarán medidas

Telefónica anunció que está evaluando acciones legales al respecto, pues considera que no existen “los fundamentos adecuados” que sustenten la decisión. La sanción por 36 meses solo impide que la empresa pueda participar en nuevos proyectos con el Estado.

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