A más de una semana de acudir a las urnas para escoger a sus autoridades distritales, los arequipeños ya conocen a sus nuevos alcaldes electos en cada una de las jurisdicciones, esto luego que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicara los resultados a un 98% de actas contabilizadas. Sin embargo, los burgomaestres electos no han comenzado su gestión, pero ya son cuestionados debido a sus sentencias civiles o penales, mientras que algunos son investigados por diversos delitos.
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Casos
El caso más notorio es del alcalde electo de Cerro Colorado, Manuel Vera Paredes, a quien la Corte Superior de Justicia de Arequipa lo encontró culpable por el delito de lavado de activos. La sentencia es de 8 años de prisión, pero debe ser consentida en segunda instancia para que sea efectiva.
Según la tesis fiscal, Vera Paredes, no justificó los ingresos que le permitieron comprar un inmueble valorizado en S/86 mil 976, tampoco aclaró un depósito bancario mancomunado de 100 mil soles y adquirir una camioneta de 13,900 dólares. Para la Fiscalía, todo eso sucedió durante su primer periodo como alcalde de Cerro Colorado entre el 2007 y 2010, pese a ello fue elegido otra vez.
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En Cayma, Juan Carlos Linares, declaró en su hoja de vida ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tener dos sentencias contractuales y otra por violencia familiar en el 2014. En el distrito de Miraflores, la autoridad electa fue German Torres. Él declaró en su hoja de vida una sentencia familiar alimentaria, el caso se remonta a 1993.
En el distrito de Quequeña, Luis Núñez Saldivar fue electo como nuevo alcalde, pese a que en su hoja de vida señala que vive en el distrito de Mariano Melgar. No solo esto, también registra una pena suspendida por demanda alimentaria familiar que fue dictada por el Juzgado de Paucarpata en el 2014.
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Cabe señalar que en las elecciones, Fuerza Arequipeña, Perú Libre, Juntos por el Desarrollo de Arequipa, lideraron el ranking de las organizaciones con más postulantes con antecedentes judiciales. Entre más de 6 mil 200 candidatos inscritos, 79 consignaron ante el Jurado Nacional de Elecciones, que tenían sentencias penales.