En el distrito de Atico, provincia de Caravelí, son 300 los Registros Integrales de Formalización Minera (Reinfo) que se encuentran en revisión a cargo de la Gerencia Regional de Energía y Minas, para determinar si los mineros artesanales continuarán con sus actividades, serán suspendidos o cancelados.
El gerente de dicho despacho, Miguel Ángel Gómez, informó que, de acuerdo al cronograma elaborado, esta verificación debería terminar antes del 10 de diciembre, fecha que vence la declaratoria del estado de emergencia, pero, desde su perspectiva, no se cumplirá con esta meta.
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Argumentó que la falta de personal retrasó las jornadas de comprobación y estimó que a diciembre solo se llegará a la supervisión de 280 empresas y negocios dedicados a la explotación de la minería artesanal, mientras que los 20 restantes tendrán que ser evaluados por la siguiente gestión.
El objetivo es revisar la acreditación o autorización de propiedad del terreno superficial que ocupan, acreditación de la titularidad o contrato de concesión para la explotación, el cumplimiento de las condiciones básicas como seguridad de los trabajadores, las normas ambientales, entre otros, para terminar con el conflicto que detonó en junio con la muerte de 14 personas.
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SITUACIÓN DE CONDESUYOS
El funcionario Gómez también indicó que el mismo trabajo de comprobación se hace en Río Grande, en la provincia de Condesuyos, donde existen aproximadamente 30 Reinfos. En esta zona se hace una segunda inspección junto a la Fiscalía, debido a que el conflicto es complejo, pues la zona de ingreso es usado por varias empresas.
En la Mina Paula, en el distrito de Choco, provincia de Castilla, también se realiza este trabajo, debido a que, en agosto, la ayudante de cocina, Blanca Calachua falleció baleada, luego de un ataque en el campamento. Estos trabajos se terminarían al siguiente año.