Arequipa: Sujetos radicales involucrados en la nueva protesta en el valle de Tambo

Una vez más, las protestas de algunos agricultores del valle de Tambo se tiñeron de política, no solo por la falta de acuerdos comunales y el evidente protagonismo de eternos dirigentes ahora candidatos a alcaldes, sino también por la presencia de organizaciones que tiene como consigna oponerse a las actividades mineras.

A esto se suma la presencia de organizaciones antimineras que comienzan a querer ser parte de la protesta, como es el caso de la Confederación Nacional de Comunidades Afectados (Sic) por Minería e Hidrocarburos (Conacamhi), que, coincidentemente, programa en Arequipa su “VII Cumbre de las Comunidades Pueblos Afectados por la Minería Transnacional Hidrocarburos y Agroexportación” a desarrollarse entre el 28 y 30 de setiembre, las mismas fechas en las que se llevará a cabo la Convención Minera Perumin 35 en la ciudad.

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Resulta así propicia la protesta, sumada al retorno de banderas con el lema Agro sí, mina cada día en la Plaza de Armas de la ciudad, ya no solo contra el proyecto Tía María, sino ahora también contra Quellaveco.

Oposición radical

El dirigente de la Conacamhi, Pablo Salas Charca, es parte de este banderolazo y ha lanzado duras críticas al proyecto minero Quellaveco, asegurando que “no habrá forma de capturar el polvillo proveniente de las explosiones, por lo que la población asentada muy cerca de las instalaciones de la empresa Anglo American, inhalará dicho material”, tal como recogió hace unos días El Buho.

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En enero  del 2021 cuando se desarrolló el denominado III Encuentro Macro Región Sur en Apurimac. Los anteriores encuentros fueron en Puno y Arequipa. Esta vez, la convocatoria tenía como intención no solo protestar por los proyectos mineros, sino con el “modelo económico neoliberal” y promover la nueva Constitución, el mismo discurso que maneja el presidente Pedro Castillo y su entorno. Salas Charca estuvo el 18 de agosto de este año reunido con el premier Anibal Torres en Lima en representación de la Conacamhi, a quienes “El titular de la PCM transmitió el compromiso y la disposición del Ejecutivo para trabajar articuladamente en beneficio de las comunidades originarias del país a través la gobernabilidad y la democracia directa”, como expresó un tuit de la PCM.

El mismo día, representantes de esta organización se reunieron también con el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Andrés Alencastre Calderón, en la sede del ministerio, donde “los representantes de Conacamhi-Perú expresaron su apoyo a la construcción de la Segunda Reforma Agraria”, según nota de la agencia de información del Estado, Andina.

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Junto a este dirigente, se ha visto a  Edwar Quiroga, quien es vinculado a la  organización no gubernamental llamada Inkarrislam, así como el dirigente moqueguano Jesús Paredes Zegarra.

Valle de Tambo

Edwar Quiroga estuvo en el valle de Tambo en marzo de este año, cuando  los pobladores recordaban las protestas contra el proyecto Tía María. En la fecha y en declaraciones a la prensa, Quiroga dijo que lo que ahora se busca es la creación de la empresa minera comunal para que explote los yacimientos “y no las transnacionales”, un discurso con el que recorre las diferentes regiones donde se han desatado conflictos en este año, repitiendo propuestas como. “Organizarse, formar la empresa comunal y tomar la mina”.

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En el valle de tambo, los principales impulsores de esta nueva protesta son Marilú Marroquín León, dirigente que postula a la alcaldía provincial de Islay por Perú Libre, pero a quien las bases del partido han comenzado a criticar “porque se dedica a insultar en lugar de dar propuestas”. Está además, Miguel Meza Igme, candidato a la alcaldía de Cocachacra y a quienes, hace dos días, dirigentes del valle de Tambo acusaron en reunión pública de aprovechar el paro para ganar votos. Ambos personajes dividieron al grupo de manifestantes, al extremo que no tienen una agenda definida frente a la protesta contra Quellaveco. El lema que manejan es que la minera les quitará agua, pero los técnicos de la Autoridad Nacional de Agua y la propia empresa han demostrado que esto no es cierto.

A la falta de cohesión se suma el alcalde de Islay, Edgar Rivera, y la gobernadora regional, Kimmerlee Gutiérrez, quienes lejos de ver la parte técnica del problema, abogan por una solución política buscando en Lima, sin eco hasta ahora, que se anule la autorización del uso de agua a la minera.