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El gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, no aceptará una posible destitución en segunda instancia judicial y apelará a la Corte Suprema en Lima. La máxima autoridad de Arequipa no dudo en adelantar ayer que apelará la decisión de la Primera Sala Civil de la Corte Superior de Arequipa si no le es favorable. “Sí, estamos en un estado de derecho”, manifestó.
Su permanencia en el sillón del GRA está en vilo. La autoridad podría ser destituida si el colegiado integrado por los jueces Francisco Carreón, Eloy Zamalloa y Rocío Aquize, declara infundada la apelación presentada por la Procuraduría del GRA en noviembre del año pasado sobre la resolución donde se advierte que Cáceres Llica tuvo una mala gestión durante la emergencia sanitaria por el coronavirus.
La demanda de acción de amparo fue interpuesta en su contra por el ciudadano Pool Alarcón Barrionuevo.
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“Yo confío en la justicia y cualquier veredicto que tenga la justicia de mi país voy a someterme, por algo tenemos poderes del Estado y mi persona como demócrata vamos a seguir aceptando cualquier sentencia”, refirió ayer el gobernador en la ceremonia de la María de Guerra del Perú.
La demanda de acción de amparo en contra de Cáceres es porque no habría implementado el protocolo de prevención, diagnóstico y tratamiento de personas afectadas por el COVID-19 en la región.
El gobernador justificó su tardía acción refiriendo problemas con el Gobierno de turno. “Durante ese momento había un tema netamente político, habían discrepancias con el presidente Vizcarra (Martín Vizcarra)”, indicó.
Cáceres optó por negar las imputaciones en su contra, destacando que en su gestión se implementó y remodeló hospitales. Paradójicamente, el Gobierno central tuvo que intervenir en Arequipa desde el quinto mes de la pandemia para revertir la crítica situación del sector salud.
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Incluso varias de las áreas de Emergencia en el Honorio Delgado no pueden ser usadas por falta de implementación. Además, durante la pandemia los trabajadores de salud se quejaron constantemente por la falta de equipos de protección personal para la atención de pacientes COVID-19 y el nulo pago a sus honorarios.
La Sala Civil tiene en sus manos la suerte del gobernador y deberá darla a conocer a fin de este mes.
