La postergación del proyecto minero Zafranal y la anulación de la licencia para iniciar la fase de explotación de Tía María podrían generar pérdidas de entre 18 mil y 20 mil millones de dólares para Arequipa. Además, podría ocurrir la eliminación de entre 3 mil y 5 mil empleos directos e indirectos.
Así lo advirtió el coordinador del Centro de Competitividad, Innovación y Promoción Empresarial (CCIPE) de la Universidad Católica de Santa María (UCSM), Martín Quintanilla, quien explicó que ambas decisiones terminan convergiendo en un mismo efecto: el debilitamiento de la confianza empresarial y la reducción del dinamismo económico en Arequipa.
En el caso de Zafranal, precisó que no se trata de una cancelación, sino de una postergación del inicio de obras de construcción por parte de la empresa Teck Resources. Esta decisión fue adoptada en función del actual contexto político y social del Perú, que viene siendo evaluado por los inversionistas.
Detalló que este proyecto contempla una inversión cercana a los 2 mil millones de dólares, de los cuales alrededor del 30% ya habría sido ejecutado, lo que evidencia que la decisión no se da en una etapa inicial, sino en un proceso ya avanzado que ahora queda en pausa.
En contraste, señaló que en el caso de Tía María el Gobierno decidió anular la licencia que autorizaba el inicio de la fase de explotación, pese a que el proyecto ya contaba con el marco legal para avanzar, lo que incrementa la percepción de incertidumbre regulatoria.
“El problema es que esto da una mala imagen a nuestro país, porque los cambios de reglas permanentes generan desconfianza en los inversionistas extranjeros para seguir apostando por el Perú”, sostuvo el especialista.
FACTORES
En esa línea, advirtió que la falta de predictibilidad en las decisiones del Estado y la inestabilidad política están llevando a que empresas evalúen redirigir sus inversiones hacia países con mayor estabilidad y reglas claras, afectando la competitividad del Perú en el sector minero.
“A eso se suma la presencia de paradigmas en nuestra sociedad, que muchas veces se instalan y terminan influyendo en las decisiones públicas, frenando proyectos que podrían generar desarrollo. Estos paradigmas, al final, afectan no solo la inversión extranjera, sino también el comercio internacional y la posibilidad de que el país siga creciendo de manera sostenida”, agregó.
IMPACTO ECONÓMICO
Respecto al impacto económico, Quintanilla indicó que la ejecución de Tía María estaba prevista como uno de los principales motores del crecimiento, con un aporte estimado de 0,5% al Producto Bruto Interno (PBI), cifra que ahora dejaría de concretarse.
A nivel regional, explicó que la minería genera un fuerte “efecto arrastre”, dinamizando sectores como transporte, metalmecánica, servicios, comercio y logística, por lo que su paralización afecta no solo a la inversión directa, sino a toda la cadena productiva. En ese sentido, advirtió que los efectos.
NUEVAS AUTORIDADES DEBEN ASUMIR ROLES
El especialista señaló que las próximas autoridades deben priorizar tres acciones clave: recuperar la estabilidad jurídica, garantizar reglas claras y previsibles para la inversión y promover una mejor articulación con las comunidades para asegurar la licencia social de los proyectos.
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