Hace tres años, una operación policial desmanteló una red de traficantes de droga que operaba en Mollendo, provincia de Islay. Hoy, el Poder Judicial cerró el caso sentenciando a un policía y doce civiles por facilitar la venta y distribución de estupefacientes en la zona; en algunos casos se impusieron penas que superan los 15 años de prisión.
Durante el juicio, la Fiscalía presentó testimonios, documentos, informes policiales y un peritaje acústico que permitió confirmar las comunicaciones entre los integrantes de la banda y el policía para poder llevar a cabo sus actividades ilícitas.
Según lo acreditado en el proceso, los cabecillas de la organización eran Miguel Rivera Saire y su pareja Roxana Mestas Mamani. En su vivienda almacenaban, preparaban y distribuían pasta básica de cocaína, clorhidrato de cocaína y marihuana.
La venta se realizaba tanto por “ventaneo”, es decir, a través de las ventanas de las casas, como por “delivery”, cuando los consumidores hacían sus pedidos por teléfono, operando entre el 2021 y 2023.
La investigación que estuvo a cargo de la Fiscalía y la Policía Especializada contra la Criminalidad Organizada descubrió que uno de los integrantes de la organización era el suboficial de la PNP, Humberto Escobedo Huanca, quien laboraba en la comisaría de Mollendo y aprovechaba su cargo para alertar a los traficantes sobre operativos y presencia policial, permitiéndoles evadir los operativos antidrogas.
Tras el análisis de la participación de cada uno de los involucrados, Miguel Rivera Saire fue condenado a 15 años y 10 meses por favorecer el tráfico ilícito de drogas, portar armas de fuego y formar parte de una banda criminal. Su pareja, Roxana Mestas Mamani, recibió 12 años de prisión por los mismos delitos. Ambos fueron señalados como el núcleo de la organización que abastecía de droga a distintos microcomercializadores de Mollendo.
El agente Humberto Escobedo Huanca fue sentenciado a 10 años de prisión por encubrimiento personal y, de manera adicional, fue inhabilitado por una década para ejercer funciones en la Policía Nacional.
Otros involucrados como Félix Choquehuanca Arizabal, fue sentenciado a seis años y un mes por favorecer el tráfico de drogas; Wilfredo Saire Castro, recibió la misma pena por tráfico ilícito; mientras que Wilmer Baquedano Valderrama fue condenado por microcomercialización y receptación. En tanto, Rolando Chávez Lima acumuló una pena total de 15 años y 11 meses al sumarse esta sentencia a otras anteriores por robo agravado y tráfico de drogas.
En los casos de Bárbara Cárdenas Torres y Patricia Sofía Prado Bustamante, las condenas fueron suspendidas, pero se les halló culpables de microcomercialización. Luisa Yabar Prado recibió una pena de cinco años, que fue convertida en 257 jornadas de servicios comunitarios.
Percy Aranibar Gallegos, Carlos Baquedano Valderrama y Domitila Sánchez aceptaron su responsabilidad mediante terminación anticipada. Todos deberán pagar reparaciones civiles y multas impuestas por el juzgado.





