Áncash tuvo 15 conflictos sociales en febrero

Durante febrero, la región Áncash reportó 15 conflictos sociales, con lo cual se ubica en el tercer lugar a nivel nacional con mayor cantidad de estos casos. Así lo revela el informe elaborado por la Defensoría del Pueblo.

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Según la edición 216 del Reporte de Conflictos Sociales 216, correspondiente al mes pasado, Loreto se ubica en primer lugar, con 29 situaciones complejas, y Cusco en el segundo puesto con 19.

El documento, difundido ayer en el portal oficial de la institución, precisa que durante febrero se registraron en el país 203 conflictos sociales, de los cuales 157 son activos y 46, latentes.

Este número es cinco más en comparación con enero de este año. También aumentaron las acciones colectivas de protesta.

El reporte indica que a nivel nacional, la región Áncash concentra el 7.4 % de conflictos sociales del país pues tiene 10 conflictos activos y cinco latentes.

En cuanto a los activos, 9 son de carácter socioambiental, ligados principalmente a la actividad minera, entre estas se mantiene latente el conflicto de la comunidad de Aquia con Antamina.

El único conflicto de asuntos de gobierno local es el que se registra en Chimbote entre los comerciantes del mercado Progreso y la Municipalidad Provincial del Santa. Su estado es “No hay diálogo”.

Respecto de los latentes, 4 son de tipo socioambiental y uno de gobierno regional. Este último es el reclamo de la población por la paralización de la construcción del Colegio de Alto Rendimiento, en el distrito de Catac, provincia de Recuay.

A nivel nacional, en febrero se registraron 21 demandas sociales relacionadas a 5 conflictos sociales nuevos.

De acuerdo con la clasificación de la Defensoría del Pueblo, en cuanto a los temas de demanda social identificados, el de actividades extractivas o industriales y relacionamiento representa el 23.8 % (5); el de transparencia, integridad, participación y derecho de protesta del 19.0 % (4); el de medio ambiente y recursos naturales representa el 14.3 % (3).Luego, el de servicios públicos y otras prestaciones del Estado 14.3 % (3); el de acceso a la justicia y cuestionamientos a normas y resoluciones representa el 9.5 % (2); y los 4 restantes que corresponde a otros temas representan el 19.2 % .