El derrame de petróleo en el mar de Ventanilla ha puesto en la cuerda floja a las empresas de hidrocarburos y mineras que de por sí no son bien vistas en algunas comunidades del interior del país. En Junín el último conflicto que estuvo a punto de explotar fue en el distrito de Carhuamayo, provincia de Junín; la minera Shalipayco pretendió iniciar la explotación de zinc, pero las protestas y movilizaciones de la población lo impidieron. El lago Chinchaycocha, uno de las fuentes de agua más importantes del país, estaba en riesgo de ser contaminado.
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Actualmente, la Defensoría del Pueblo registra 6 conflictos en la región, 4 de ellos socioambientales. El más vinculado a la contaminación es el de Andaychagua (La Oroya). La población ha demandado una fuerte afectación de su salud por los trabajos que realiza la minera Volcan. En 2016 se conformó una mesa de diálogo en el Gobierno Regional que poco o nada ayudó.
Mineras y agua
Está también el de Morococha, la explotación que realiza la minera Chinalco. Un grupo de familias se niega a moverse del poblado antiguo -donde la minera ya explota- para trasladarse al nuevo (Carhuacoto) porque considera que no tiene las condiciones mínimas de salud.
En el distrito de San José de Quero (Concepción) otro conflicto está encendido aún por el proyecto minero Azulcocha, de la empresa Sierra Sumi Rumac SA. Las comunidades campesinas aseguran que, su ingreso significaría la contaminación del río Cunas, el afluente que riega los cultivos de la mitad de todo el valle.
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El más latente, sin embargo, es el proyecto Yanacocha, un represa de agua que no puede ser construida por el gobierno porque los propietarios del terreno donde se ejecutará se niegan a cederlo o venderlo. La población ya bloqueó carreteras exigiendo que el Gobierno sea quien solucione este impase y ejecute el proyecto. La cuenca alta y baja del Cunas se queda sin agua y esta represa es su única salvación.