La Procuraduría Anticorrupción indicó que iniciaría una investigación en la Municipalidad Provincial de Huánuco (MPH), para determinar responsabilidades tras el audio, en el que se escucha a la esposa del alcalde Luis Villavicencio Guardia, Yermmy Vásquez Salis, dando órdenes al gerente de Transportes (2019), Jorge Escalante Soplin.
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Como se recuerda, Correo dio cuenta del caso por lo que la procuradora Krupskaía Beraún manifestó que coordinan con la Fiscalía para ver quien inicia la investigación sobre la supuesta injerencia de la cónyuge del alcalde en la toma de decisiones en la comuna provincial.
“En relación a los audios (caso Yermmy Vásquez) como ha sido de forma pública, se ha estado viendo con la Fiscalía, si es que lo van a tomar ellos de oficio, porque muchas veces duplicamos denuncias. Si es que ya es de conocimiento público, (la Fiscalía) lo inician de oficio (la investigación) nosotros simplemente nos apersonamos para iniciar la defensa del Estado, y ya no aplicar una denuncia, ya que está ha sido de forma pública”, sostuvo la procuradora.
Caso de la MPH tiene similitud con lo que aconteció en el GRH
Asimismo, Beraún comparó el caso de la MPH con lo que sucedió en el Gobierno Regional de Huánuco (GRH) en el 2019, escándalo protagonizado por Inés Alvarado, hija del prófugo exgobernador, Juan Alvarado Cornelio. Ese año también se filtró un audio de Inés, ejerciendo presión al entonces director de Agricultura, para colocar gente de su entorno sin respetar el proceso de contratación.
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Por su parte, el exdecano del Colegio de Abogados, Hernán Cajusol Chepe, mencionó que la difusión de los audios en la comuna provincial deja mal parado políticamente al alcalde Villavicencio quien permite que terceras personas usurpen cargos dentro de la municipalidad.
“Políticamente esto daña la imagen del alcalde. En el plano jurídico, los que hemos escuchado los audios, se advierte la interferencia de una persona que supuestamente sería la esposa del alcalde y por más vínculo familiar que tenga, ella (Vásquez) no está autorizada legalmente para tomar decisiones al interior de la municipalidad provincial”, precisó el letrado.
A su vez, Cajusol sostiene que, de materializarse el delito, en este caso usurpación de funciones, la cónyuge de Villavicencio, estaría expuesta a una pena entre 4 y 7 años de prisión efectiva.