Ante la frecuente actividad sísmica registrada en el país durante el último año, la Red de Estudios para el Desarrollo (REDES) analizó la situación de la vivienda y el sector construcción en Ica. Según el Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CENEPRED), a mayo del 2025, de los 182 distritos de muy alto riesgo ante sismos a nivel nacional, Ica tiene 19 distritos comprometidos, lo que sería aproximadamente un 10% del total.
Viviendas vulnerables
Según el IPE, el 60% de las nuevas viviendas construidas en el país corresponde a lotizaciones informales, es decir, viviendas que no cumplen con estándares adecuados de calidad, carecen de servicios básicos (agua, desagüe y electricidad) o no cuentan con título de propiedad.
Precisamente, en Ica, según GRADE y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el 71% de las viviendas en Ica se construye mediante autoconstrucción, muchas veces sin cumplir estándares adecuados de seguridad y perpetuando así la informalidad.
“Esta situación pone en evidencia la necesidad de reducir la vulnerabilidad de las viviendas en la región mediante una mayor oferta de viviendas formales y seguras. Además de fortalecer la prevención frente a futuros desastres, atender esta brecha representa una oportunidad para generar empleo y dinamizar la inversión en el sector construcción”, manifestó Franco Saito, economista de REDES.
Viviendas seguras para prevenir riesgos y promover el desarrollo
Durante el primer trimestre de 2026, el BCRP reportó que el sector construcción creció 20,8% en la región, impulsado principalmente por proyectos de infraestructura educativa, obras viales y trabajos de agua potable y alcantarillado. Si bien estas inversiones son fundamentales para el desarrollo regional, resulta igualmente importante fortalecer la construcción de viviendas formales.
En una región con alta exposición a sismos como Ica, fortalecer las condiciones de seguridad de las viviendas constituye una medida de prevención que protege a las familias y reduce el impacto de futuros desastres. De esta manera, se garantiza el bienestar de la región ante posibles desastres naturales y se promueve, a la par, un impacto positivo y de crecimiento en la economía a través del sector de la construcción.
“El desarrollo formal de la vivienda garantiza el derecho a habitar espacios seguros y dignos. En Ica, la alta exposición sísmica hace prioritario fortalecer la preparación mediante reglas claras y planificación urbana desde el Estado, junto con la participación de la inversión privada para ampliar la oferta de viviendas de calidad y reducir brechas de seguridad”, expresó Saito.
La experiencia, en Ica, Chincha y Pisco, tras el terremoto de 2007 mostró que los programas de vivienda social como Techo Propio y MiVivienda pueden jugar un rol importante en la reconstrucción de viviendas. Hoy el desafío es actuar antes de una nueva emergencia.
En ese contexto, fortalecer el mercado formal de vivienda permite ampliar la oferta de viviendas seguras y dinamizar la actividad económica mediante la demanda de materiales, servicios y mano de obra, lo que favorece la inversión y el empleo formal en el sector construcción.
“Reducir la informalidad en la vivienda permite proteger mejor a las familias frente a futuros sismos y, al mismo tiempo, impulsar un sector con capacidad de generar empleo, atraer inversión y contribuir al desarrollo sostenible de la región. En 2025, la construcción representó el 7,6% de la fuerza laboral en Ica, lo que evidencia su peso en la economía regional”, concluyó Saito.
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