La jefa de la Oficina Defensorial de Ica, Dra. Janet Álvarez, advirtió que existen dificultades en la respuesta oportuna del Estado frente a los casos de violencia que se presentan en instituciones educativas de la región. Señaló que la Defensoría del Pueblo viene realizando acciones de supervisión y articulación con las entidades responsables para verificar que se cumplan los protocolos establecidos.
Alerta en atención
Álvarez explicó que, ante una queja ciudadana, la Defensoría puede intervenir cuando advierte que una institución pública o privada no está actuando adecuadamente. Indicó que ya se han identificado casos en instituciones educativas privadas donde no se habría cumplido con los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia escolar. “El Estado no está haciendo su intervención de manera oportuna en casos de violencia en colegios”, sostuvo Álvarez.
Señaló que uno de los principales problemas está relacionado con la falta de personal especializado, especialmente psicólogos, además de docentes y trabajadores administrativos. Según explicó, esta carencia ha sido planteada reiteradamente por directores de instituciones educativas y constituye una demanda que debe ser atendida por las autoridades del sector Educación.
Álvarez también cuestionó que exista una percepción equivocada entre algunos directivos respecto al registro de los casos de violencia. Explicó que algunos consideran que reportar estos hechos puede perjudicar la imagen de la institución, cuando, por el contrario, la información permite identificar las necesidades reales y sustentar la asignación de recursos y profesionales.
“Si no se refleja, entonces no se puede hacer una intervención sobre cero”, manifestó.
En ese sentido, indicó que el registro de incidencias y la información consignada en la plataforma correspondiente permiten identificar las instituciones que requieren una atención prioritaria. Añadió que la ciudadanía también puede reportar directamente los casos y que, ante una respuesta insuficiente por parte de las entidades competentes, la Defensoría puede intervenir de manera gratuita a través de una llamada telefónica, correo electrónico u otros canales de atención.
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